Aunque el Gobierno de México asegura priorizar los compromisos medioambientales, una polémica reforma para fortalecer a la compañía eléctrica estatal, con muchas plantas obsoletas y contaminantes, ha chocado frontalmente con activistas y empresarios.
México es el quinto país más megadiverso del planeta y reúne cerca de 12 por ciento de la diversidad del mundo, lo que coloca a la nación en una “posición privilegiada”, según explica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en una nota compartida a Efe.
No obstante, el mismo organismo señala que la crisis climática tiene “graves” impactos para México y reconoce que el país está entre los 20 de mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo.
No obstante, el mismo organismo señala que la crisis climática tiene “graves” impactos para México y reconoce que el país está entre los 20 de mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo.
“Si bien es cierto que los primeros diez países son responsables de alrededor de 66 por ciento de las emisiones totales”, apunta.
Compromisos ambientales
En la Conferencia de las Partes (COP26) sobre el cambio climático, que se celebra estos días en Glasgow (Reino Unido), México traslada su compromiso, firmado en el Acuerdo de París, de que para 2030 reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero 22 por ciento y el uso de carbono negro en 51 por ciento.
Además, México tiene el compromiso de generar para 2024 el 35.1 por ciento de su electricidad mediante energías limpias, un porcentaje que se elevaría hasta 50 por ciento para 2050.
Y junto a Estados Unidos -señala la Semarnat- se trabaja “estrechamente” para “acelerar el despliegue” de energía renovable en México.
La reciente visita del enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, sirvió para promocionar Sembrando Vida, el programa de reforestación estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Tuve el honor de participar en la plenaria del G20 para insistir en el cumplimiento del compromiso de los países ricos de aportar 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo para su acción climática. Hasta ahora no ha ocurrido”, expresó el canciller, Marcelo Ebrard, durante la reciente reunión del G20 en Roma, antesala de la COP26.
Además, el Gobierno Federal -que ya suscribió en la COP el Compromiso Global de Metano y una declaratoria para proteger los bosques- se presentará en la cumbre como “pionero” en el mundo en financiación sostenible, particularmente por la emisión de bonos soberanos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Combustibles fósiles
Sobre el papel, la voluntad mexicana contra la crisis climática parece férrea. Pero activistas, expertos e incluso empresarios acusan al Ejecutivo de tener un doble discurso.
Evidenciado, por ejemplo, por el afán de rescatar Petróleos Mexicanos (Pemex) y construir la refinería de Dos Bocas, la primera obra de este tipo en décadas en México.
Cuestionado sobre la contaminación que genera el crudo, López Obrador -muy crítico con la reforma que abrió el sector a la iniciativa privada en 2013- afirma que solo busca la autosuficiencia.
“La administración de López Obrador ha puesto como bandera la soberanía energética y la buscan a través de un uso intensivo de combustibles fósiles“, resume para Efe el especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace en México, Pablo Ramírez, quien denuncia además que se han modificado las líneas base de emisiones.
Una reforma en entredicho
López Obrador ha convertido el sector energético, y el supuesto “saqueo” de firmas extranjeras, en su cruzada personal.
Tras fallidos intentos de impulsar leyes -paradas en los tribunales- que regularan el sector en favor de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), el mandatario envió a finales de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que ha sacudido el tablero político y empresarial.
La reforma -que obligará a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a sus aliados a negociar con la oposición- busca que la CFE genere 54 por ciento de electricidad contra el 46 por ciento de cuota de las compañías privadas.
Actualmente, estas controlan 62 por ciento del mercado.
La CFE tiene hoy 191 plantas y solo 69 son de “energías limpias“, según explicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Pero el Gobierno mexicano contempla como energías limpias las hidráulicas, geotérmicas, solar, eólica e incluso la nuclear, lo que también ha despertado críticas.
Además, la reforma propone eliminar los órganos reguladores autónomos y modificar el despacho de energía colocando en la cola a la energía eólica y solar de los privados.
La patronal -que ha invertido más de 21 mil millones de dólares en renovables- ve con enorme preocupación la reforma.
“El sector privado ha estado contribuyendo en aportar a la red eléctrica de México energía barata y limpia”, aseguró a Efe, José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), creado en 1994.
Y agregó: “La reforma va a generar energía más sucia y más cara. Y, sobre todo, va a eliminar el mercado con un regulador que es un árbitro”.
¿Visión obsoleta?
Al izquierdista López Obrador se le acusa de tener una concepción un tanto antigua del modelo económico y ambiental a seguir.
De hecho, el mandatario entre sus referentes tiene al expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), que nacionalizó el petróleo, y Adolfo López Mateos (1958-1964), que hizo lo mismo con la industria eléctrica.
Y aunque López Obrador asegura cuidar el medioambiente, algunos de sus mensajes apuntan en sentido contrario.
“Se autorizaron estos ventiladores para producir energía eléctrica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permisos”, dijo en marzo de 2020 frente a un parque eólico de Baja California.
“México llega a la COP muy mal parado, con una política sumamente fósil y como uno de los países que incluso, según informes, está contribuyendo a aumentar las emisiones más allá de reducirlas”, concluye Ramírez de Greenpeace.
Con información de EFE
