El exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión por no haberse presentado a la audiencia del pasado 7 de septiembre, en el proceso que se le sigue por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Así lo dio a conocer este sábado el diario Milenio, que tuvo acceso a la petición en la que el Ministerio Público Federal aseguró que Treviño tomó un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Toluca a Houston, Texas.
De acuerdo con el reporte del periodista José Antonio Belmont, el exdirectivo salió del país un día antes de que fuese imputado formalmente por la Fiscalía por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Carlos Treviño no se presentó a comparecer en la audiencia inicial del pasado 7 de septiembre, por lo que el Ministerio Público giró al juez un oficio para que ordenara su captura.
El exfuncionario salió en una aeronave propiedad de la empresa Servicios Aéreos Soffly, con matrícula XA-IZA, a las 21 horas del lunes 6 de septiembre y aterrizó a las 23 horas de ese mismo día en suelo estadounidense.
Daniel Ramírez Peña, juez federal del Estado de México, ordenó la detención de Treviño por haber recibido supuestamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para concederla a ésta la operación de la planta Etileno XXI.
Treviño negó acusaciones y envió al juez una carta a través de sus abogados para justificar su no comparecencia, con el argumento de falta seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo. Su defensa aseguró que no tiene conocimiento de esta orden de aprehensión y situó a su representando en Texas.
La acusación en contra de Treviño está sustentada, por un lado, en la denuncia de hechos que presentó el 11 de agosto del año pasado, el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en torno a que Treviño también fue uno de los beneficiarios de los presuntos sobornos entregados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la reforma energética.
Por otro lado, existe una denuncia contra el exfuncionario por las declaraciones de Norberto Gallardo, quien fue jefe de escoltas de Emilio Lozoya y que aseguró que le llevó personalmente cuatro millones de pesos a un domicilio ubicado en Tecamachalco, Estado de México.
Otro de los señalamientos de Lozoya tienen que ver con la operación de los sobornos a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht. Lo anterior, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y vinculado al caso Etileno XXI.
En la denuncia de Lozoya, señala: “En una reunión en febrero 2013, en mi casa en Lomas de Bezares, Luis Weyll me comentó que Braskem al parecer había entregado sobornos en los años 2010 y 2012 durante la administración de Felipe Calderón para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI”.
“Mencionó que quien al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade en su calidad de titular de la Sener”, aseguró.
“Recuerdo escuchar que le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como a Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El Conejo, sin tener conocimiento de a quién se referían”, dijo Lozoya.
Por los señalamientos de Lozoya, la FGR ya procedió legalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, así como contra el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, quien tiene programada una audiencia este lunes.
El miércoles de la semana pasada, un juez aceptó la petición de la Fiscalía para decretar prisión preventiva contra Emilio Lozoya, quien hasta el momento había disfrutado de libertad a medida que iba presentado pruebas y vertiendo acusaciones contra políticos, entre ellos los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón.
Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht.
También se le acusa de recibir 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago de varios millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones de 2012, en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la solicitud de extradición a España.
