“La nueva Dirección General de Ayudantía y Protocolo del Ciudadano Gobernador, creada por el mismo Ricardo Gallardo Cardona, tiene por objeto proteger y salvaguardar su integridad física, moral y su familia, directos y consanguíneos, en todo momento y lugares en que se encuentren, sean públicos o privados, dentro y fuera del estado. El funcionario resultó criticado en exceso por repetir los desmanes de sus antecesores, al tener bajo su férula, un ostentoso y caro cuerpo de seguridad. Rápido se olvidó de la promesa hecha en la toma de protesta, donde juró no repetir el actuar de Juan Manuel Carreras López, que desvió de sus tareas primarias, a cientos de policías, a los que asignó tareas de mandaderos y choferes de funcionarios.
Para apaciguar las descalificaciones, Gallardo Cardona expuso que la nueva ayudantía no se trata de un cuerpo de seguridad fastuoso, ya que estará conformada por 4 personas que se encargarán de la logística de los actos a los que asista. Será todo lo contrario, le pondrá fin a los excesos y el despilfarro, ya que antes la conformaban 106 escoltas, con lo que logrará un ahorro superior a los 800 mil pesos mensuales. Todo sería transparentado, solo era asunto de preguntar.
“El decreto que sale es para transparentar el tema. No hay que mal informar, hay que preguntar. Con todo gusto y mucho respeto, les diremos lo que hacemos”. Fiel a su oscuro desempeño, volvió a mentir con artimañas para no informar con certeza.
En una primera solicitud de datos dirigida a la secretaría particular, para conocer los detalles de la nueva instancia, se requirió saber el número de integrantes de la ayudantía, funciones específicas, percepciones salariales y de cuál rubro se cubrirían los gastos. Con triquiñuelas, Ana María Ávila Acosta, encargada de la unidad de transparencia, anexó el decreto administrativo “mediante el cual se establece la estructura orgánica de la unidad administrativa de la secretaría particular del gobernador del estado y su reglamento”. Seguido de las copias del Periódico Oficial del Estado, donde se exponen las modificaciones al decreto. No respondió a lo exigido. Ávila sugiere interponer un recurso de revisión ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Ante la oblicua respuesta, en una segunda solicitud, se le remarcó a la unidad de transparencia, apegarse a brindar los datos solicitados y no contestar con evasivas. En respuesta a la segunda solicitud, con folio 240470621000044, tajante se respondió que los informes solicitados, no es posible darlos a conocer, debido a que encuentra en carácter de reservada desde el primero de noviembre del 2021.
Sin exponer motivos, sugiere interponer un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Otra vez queda en evidencia la falaz conducta de Gallardo, que alardeó, todo era asunto de preguntar, para saber la verdad y no mal informar a la ciudadanía.”
VÍA: LA NOTICIA SAN LUIS
