En 2016, la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo entonces de Federico Garza Herrera, habría proporcionado la base de datos de perfiles genéticos obtenidos de restos de personas sin identificar a una empresa, Central ADN, que luego contactaría a familias de personas desaparecidas para ofrecer sus servicios de localización.
Lo anterior fue expuesto en el reporte “Traficantes de ADN”, realizado por las reporteras Wendy Pérez y Paula Mónaco, con el auspicio del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la Unesco.
De acuerdo al informe, San Luis Potosí, junto con Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos y el gobierno federal proporcionaron de manera poco clara las bases de datos con la información genética de 65 mil restos de personas consideradas como desaparecidas a la empresa Central ADN.
La empresa, también señala el documento, ha contactado a desaparecidos señalando que posee datos oficiales que podrían servir para ubicar a sus parientes.
En el reporte se consigna el caso de una potosina que busca desde hace ocho años a cinco parientes, entre ellos sus dos hijos, desaparecidos cuando transitaban por Tamaulipas.
En 2019, fue contactada por una representante de la compañía para informarle que disponían de la base de datos. El reportaje señala que a ésta y a otras familias de desaparecidos les pedían muestras para extraer ADN: saliva, gotas de sangre, huesos o dientes, para compararlos en las bases de datos oficiales de muestras de cuerpos
Aunque señala que uno de estos documentos, manejado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas fue robado y luego acabó en poder de la empresa, en el caso de San Luis Potosí, fue la propia Fiscalía General del Estado la que la entregó a la empresa privada.
En marzo de 2017, en una ceremonia en la que se anunció la creación del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, Mariana Sosa, representante de la empresa Central ADN, Mariana Sosa, indicó en su intervención que la entonces Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí participaba en la creación de una base de datos de 40 mil perfiles genéticos.
“La experta agradeció al procurador (Federico) Garza Herrera la donación de la base de datos de material genético”, señala el comunicado oficial del evento.
En 2016, la FGE, a través de su Dirección de Servicios Periciales, firmó un contrato con esa empresa para la acreditación de cumplimiento de la norma oficial en materia de calibración de pruebas de laboratorio, presuntamente a título gratuito.
