La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) no descarta la posibilidad de ampararse en contra del decreto para la regularización de autos chocolate que este miércoles publicó Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, comentó que en cuanto se publicó el decreto, fue turnado a los asesores legales de los distribuidores de autos para hacer una revisión puntual.
“Estarán dándonos un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal.
“No descartamos ninguna de las opciones que nuestro marco constitucional nos brinda en el legítimo derecho de defender nuestros intereses”, dijo Rosales.
De acuerdo con AMDA, no se trata únicamente de cuestionar las afectaciones en términos económicos para el sector automotor o los distribuidores, sino que el decreto afecta valores fundamentales como el medio ambiente, la salud y la protección a la vida humana al reconocer a los vehículos que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.
Este miércoles, se publicó en la versión vespertina del DOF, el decreto que regulariza los vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran circulando en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y que no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país.
El decreto estima que se regularizarán 2 millones de vehículos mediante el pago de dos mil 500 pesos por concepto de aprovechamiento y trámites correspondientes.
AMDA no tiene una cifra exacta de cuál podría ser el impacto de la regularización de los autos chocolate en el volumen de venta de autos nuevos en el país, pero Rosales Zárate refirió que de 2006 a 2009, posterior a un decreto similar que emitió el expresidente Vicente Fox, las ventas de autos disminuyeron 40%.
Aunque AMDA considera que no ocurrirá una caída similar con el nuevo decreto, ya que su duración está acotada a 6 meses.
Por su parte, los representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Industria Nacional de Autopartes (INA) y Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones exhortaron al gobierno federal a que se le permita a la industria automotriz participar en la emisión de las Reglas Generales de Comercio Exterior que tendrá que emitir el Servicio de Administración Tributaria donde se detallarán los procedimientos para cumplir con el programa de regularización de los autos chocolate.
Estas reglas deben garantizar que se cumpla con la acreditación del historial vehicular para evitar que se regularicen unidades con reporte de robo o que no estén en condiciones de circular en México o Estados Unidos, que estuvieron en inundaciones o que tengan declaratoria de pérdida total.
“Esto no debe hacerse bajo protesta de decir la verdad sino que debe hacerse por parte de un agente aduanal con una consulta en las bases de datos que existen en Estados Unidos”, destacó el presidente de AMDA.
El presidente de AMIA, José Zozaya, dijo que la industria automotriz apoya el objetivo de permitir que gente de escasos recursos tenga acceso a vehículos más baratos, pero no están de acuerdo en que se regularice lo ilegal, ya que afecta el respeto al estado de derecho, el cual es fundamental para el crecimiento de las plantas que tiene el sector automotriz en México.
“La regularización de lo ilegal afectaría la imagen de la industria automotriz y del país como buen atractor de inversiones y el respeto del estado de derecho”, apuntó Zozaya.
Por su parte, Francisco González, presidente de INA, dijo que la circulación de vehículos que no tienen las mismas características del parque vehicular actual tiene un impacto en la cadena de valor, ya que por cada auto ilegal que se importa se tiene que aportar una pieza o una refacción al sistema para darle mantenimiento a estos vehículos.
AMDA agregó que desde que se planteó la propuesta de regularizar los autos chocolate, se notó un incremento de entre 40 y 50% en el número de vehículos ilegales circulando por las calles o puntos de venta en ciudades como Reynosa y Matamoros.
