Autoridades educativas del Centro de Atención Infantil (CAI) No. 1 “Guadalupe Rodea de Jonguitud” fueron omisas y protegieron a asistente social que presuntamente abusó sexualmente de por lo menos nueve menores.
Padres de familia que prefieren el anonimato para no vulnerar a sus hijos, denunciaron que desde junio pasado existen al menos nueve denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, por presunto abuso sexual por parte de un asistente educativo en contra de menores de la sala de Preescolar 2 del CAI No. 1, que se ubica en la calle de Juan A. Mateos 150. Colonia ISSSTE.
Relataron que, desde el pasado mes de marzo un grupo de madres y padres de familia notaron comportamientos extraños y conductas psicosexuales no aptas para la edad de sus hijos e hijas, por lo que comenzaron a cuestionarlos y de acuerdo con los testimonios descubrieron que presuntamente un asistente social habría estado abusando sexualmente de ellos.
Los padres afligidos le notificaron de forma inmediata a la maestra titular Estefanía N, a quien se le expuso que el asistente educativo Arturo N, podría estar abusando de los menores, ante la denuncia ella refirió no haberse dado cuenta de nada, pero lo hizo de conocimiento de la dirección del CAI.
Después de la denuncia ante las autoridades educativa del plantel, la dirección del CAI no. 1 y por la parte sindical en Nivel Inicial, se le otorgó un permiso por 6 meses sin goce de sueldo al señalado Arturo N a partir del 1 de Julio, pero según los testimonios también se le entregó la información del número de carpeta de la primera denuncia de las nueve en proceso.
De acuerdo con el testimonio que una madre de familia afectada, dijo que cuando el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo la recibió para conocer el caso, como consecuencia canceló el permiso otorgado a Arturo N y lo ceso, asimismo, a las directora y maestra involucrada las suspendió de forma temporal mientras se desarrollan las investigaciones.
Ante la grave situación y de la omisión que se tuvo desde un inicio con los menores, las familias afectadas exigen celeridad a la FGE, ya que el presunto responsable se encuentra en libertad y ya hasta se le concedió un amparo, el cual aseguran obtuvo gracias a que tuvo acceso a información privilegiada sobre el caso.
Con información de: Potosí Noticias
