A mediados de 2023, en un período de poco más de tres semanas, ocurrieron por lo menos tres ataques distintos contra elementos de diversas dependencias de seguridad en varios puntos del país. En todos, hubo un elemento común: artefactos explosivos.
El 18 de junio de ese año, un grupo de agentes del Ejército realizaba labores de patrullaje en la localidad de Las Bateas, perteneciente al municipio de Apatzingán, Michoacán. En algún momento del trayecto, la camioneta de los castrenses activó una mina terrestre, cuya explosión causó severas lesiones a ocho agentes.
Diez días después, el 28 de junio, personal de la Guardia Nacional atendieron un llamado de alerta en la comunidad El Sauz de Villaseñor en Celaya, Guanajuato. El reporte recibido señalaba la presencia de un automóvil abandonado que, supuestamente, tenía personas fallecidas al interior. Al tratar de abrir la puerta, los uniformados activaron un mecanismo que hizo estallar una bomba. El incidente dejó un saldo de cinco elementos heridos.
Luego, el 11 de julio del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco recibió una llamada que advertía la supuesta presencia de restos humanos en un lote baldío de Tlajomulco de Zúñiga. Cuando un vehículo de la dependencia se acercaba a la zona, activó una mina terrestre que provocó la muerte de seis agentes de la Fiscalía y la Policía Municipal, además de lesiones a 12 personas.
Imágenes de la unidad alcanzada por la mina en Tlajomulco, Jalisco. (Facebook/En Tlajomulco)
Ante el reiterado y constante uso de artefactos de esta índole por parte de grupos criminales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinó la compra de 150 trajes antiexplosivos para proteger a sus elementos, de acuerdo con detalles de la licitación pública consultados por Infobae México.
Por medio de la Dirección General de Materiales de Guerra, la corporación militar solicitó indumentarias como las utilizadas por equipos especialistas en neutralización de material explosivo.
En una primera partida, la Sedena solicitó 100 prendas equipadas con un sistema que permita reducir la presión en el pecho y en los oídos, así como con la capacidad de proteger a los agentes contra fragmentación, impactos, llamas y proyectiles de armas de fuego.
Dichos trajes, además, deben estar disponibles en cinco tallas diferentes, para usuarios con estaturas que vayan desde los 150 hasta los 210 centímetros de estatura. Se calcula que el peso de cada traje se ubique en un rango de entre 30 y 39 kilogramos, a los cuales se adicionará un casco de hasta 5.5 kg.
Casco modular con fuente de energía autónoma y sistema antiempañante, bolsillos en el traje para facilitar la integración de accesorios, sistema de aire con dos ventiladores independientes, sistema de comunicación alámbrica e inalámbrica y sistema de hidratación son otras de las exigencias de la Sedena en este rubro.
Para la compra de los 50 trajes restantes, el proyecto de la Secretaría de la Defensa solicitó características para proteger a sus agentes contra un tipo específico de dispositivos: los explosivos C4.
Captura del documento que describe el proyecto de licitación de la Sedena. (Compranet)
Esta variedad de explosivos plásticos se destacan en operaciones bélicas y de demolición por su alta resistencia a los golpes y la maleabilidad que otorga el material que cubre y aglutina los productos químicos.
Al poder moldearse con facilidad, los explosivos C4 pueden introducirse en grietas de edificios o en espacios reducidos de maquinaria. Además, sólo pueden activarse con un detonador, por lo que no es posible hacerlos estallar a distancia con un disparo.
En los 50 trajes de la segunda compra de la Sedena, se pidió que contaran con un sistema de reducción de sobrepresión y protección, tanto frontal como trasera, para brazos y piernas en posición de arrodillado.
El 2 de agosto de 2024, la Dirección General de Administración de la Sedena celebró una reunión para dar a conocer el fallo en el proceso de la licitación pública con folio de procedimiento LA-07-110-007000999-T-546-2024.
Las actas consultadas por Infobae México señalan que el contrato para adquirir los 150 trajes antiexplosivos fue adjudicado a la empresa Corporación Serna Alemán S.A. de C.V. por un monto total de 266 millones 606 mil 341 pesos, equivalente a 14 millones 38 mil 133 dólares. Acorde con el análisis de las propuestas asentado en el documento, esta compañía fue la única que cubrió los requerimientos técnicos de las prendas solicitadas por la Sedena.
Con información de Infobae.