Periodistas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí han plasmado los riesgos y vulnerabilidades de su labor diaria en el fanzine “Colocarnos al centro: autocuidado, cuidado colectivo, protección y seguridad para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos“.
Dinora Ponce Vázquez, defensora de derechos humanos, señaló la falta de espacios y presupuesto asignados por el gobierno estatal para operar el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que, en la práctica, son las organizaciones y colectivos civiles quienes deben adaptarlo para brindar atención.
“Lamentablemente no todas las defensoras conocen las leyes… Ninguna de las unidades dentro de la Fiscalía está especializada para proteger estos perfiles”, destacó Ponce Vázquez.
Por su parte, la periodista María Ruiz subrayó la importancia de crear espacios entre periodistas y defensoras que fortalezcan relaciones de autocuidado y autoprotección como una estrategia para enfrentar los riesgos constantes en su profesión.
Entre las amenazas que enfrentan, se destacó la filtración de documentos en 2022 que revelaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) había clasificado a defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí como sujetos de vigilancia, equiparándolas con grupos del crimen organizado.
Además, el balance anual de 2023 realizado por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) posicionó al Estado como la novena entidad con mayor número de agresiones contra periodistas en el país, lo que evidencia la urgencia de establecer medidas de protección efectivas y fortalecer redes de apoyo para estas trabajadoras de los derechos humanos.
Con información de Pulso.
