En una decisión que abre más interrogantes que certezas, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció la desincorporación y futura subasta pública de 18 inmuebles propiedad del Ayuntamiento, con la finalidad de obtener entre 900 y 1,100 millones de pesos para financiar cuatro obras de infraestructura en la capital potosina.
Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, el edil calificó la medida como “histórica” y aseguró que se trata de un acto “municipalista” para fortalecer a la ciudad. Sin embargo, el anuncio deja en el aire una pregunta inevitable: ¿por qué vender patrimonio público si se le aprobó el presupuesto 2026 que solicitó y además contará con inversión directa del Gobierno del Estado para algunas obras?
El propio Galindo reconoció que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acompañará financieramente proyectos como El Saucito y la salida a Guadalajara, lo que incrementa la incertidumbre sobre la verdadera situación financiera del municipio.
Si el Estado invertirá en estas obras y el Ayuntamiento obtuvo el presupuesto que pidió, ¿por qué recurrir a la venta de bienes públicos? ¿Existe una insuficiencia presupuestal que no se ha transparentado? ¿O se trata de una estrategia que compromete patrimonio municipal sin necesidad real?
El alcalde aseguró que no se trata de un problema de falta de recursos, sino del “deseo de hacer más obras”. Sin embargo, el argumento resulta contradictorio, ya que mientras afirma que las finanzas no están comprometidas, impulsa una subasta que podría alcanzar hasta mil millones de pesos.
Los inmuebles, ubicados en distintas zonas de la ciudad como Villamagna, Zona Industrial, Sierra Vista, Cordillera y Puerta de Piedra, serán puestos a subasta pública.
Aunque Galindo sostuvo que representan una “fracción mínima” del patrimonio municipal, la venta de terrenos públicos siempre implica una decisión de alto impacto a largo plazo.
Más aún cuando el propio alcalde confirmó que las obras comenzarán incluso antes de que se concrete la subasta, utilizando recursos municipales y estatales. Es decir, el dinero por la venta aún no existe, pero el compromiso de ejecución ya está anunciado.
La narrativa oficial habla de transparencia, comisiones de vigilancia y procesos avalados por peritos; sin embargo, el debate de fondo no es técnico, sino político y financiero: ¿es prudente desprenderse de bienes municipales en un contexto donde hay respaldo estatal y suficiencia presupuestaria?
Mientras Galindo insiste en que 2026 será “el año más movido en obra pública”, la ciudadanía observa con escepticismo cómo el Ayuntamiento opta por enajenar patrimonio en lugar de demostrar, con claridad, la estabilidad real de sus finanzas.
La decisión puede marcar un precedente delicado, pues vender hoy terrenos públicos bajo la promesa de desarrollo inmediato, sin que exista claridad absoluta sobre la necesidad financiera real, deja abierta la discusión sobre si se trata de planeación estratégica o de improvisación costosa.
