Desgraciadamente la violencia sexual digital ha incrementado en los últimos años, sobre contra las mujeres y las niñas, pues el 80 por ciento de los casos de las víctimas son mujeres que oscilan entre los 14 y los 25 año y San Luis Potosí no es ajeno a esta problemática, esto de acuerdo al informe de violencia digital que realizaron Defensoras Digitales.
Así lo señaló en su visita a la ciudad de San Luis Potosí, Olimpia Coral Melo al advertir que, en el estado se han identificado al menos 200 espacios digitales donde se comercia y distribuye contenido íntimo sin consentimiento, lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que sigue creciendo ante la falta de regulación efectiva y colaboración de plataformas tecnológicas.
Dijo que, pese a la ley para reconocer la violencia digital, para castigar los delitos contra la intimidad sexual proceso en el que se ha trabajo desde el año 2013, desafortunadamente hay una tendencia de que cada día baja más la edad de las víctimas de violencia sexual y de explotación sexual a través de medios digitales.
“En San Luis Potosí ya existen 200 mercados de explotación sexual digital, espacios públicos y abortos de donde se intercambian, se distribuyen, se comercializan fotografías, vídeos, audios reales o alterados sin autorización, sin el consentimiento de las personas y que 9 de cada 10 de estos son de mujeres y que el 84.2 por ciento de agresiones son de hombres”, lamentó.
La activista señaló que, la violencia digital es principalmente contra mujeres universitarias, “una de las violencias sexuales digitales que más se ha presentado es la producción no consentida de material íntimo sexual. Un novio o una novia tiene contenido íntimo sexual y lo publica. Esto sí sigue siendo un fenómeno, sí sigue siendo una tendencia, pero hoy en día la automatización de la violencia sexual digital se da a través de la producción. Cámaras escondidas en baños públicos, cámaras escondidas por debajo de la falda”.
Puntualizó que, aún falta legislar en el tema considerando no sólo a la persona que publica los videos, sino las empresas digitales que permiten su publicación y difusión, por lo que también deberían de hacerse responsables.
La impulsora de la Ley Olimpia aseveró que, estos “mercados de explotación sexual digital” forman parte de una red más amplia en América Latina, donde se contabilizan más de dos millones de espacios similares, pero desafortunadamente las víctimas a veces, aunque denuncien no logran avanzar, por eso reconoció que aún hay mucho por hacer y hasta regular la inteligencia artificial.
