El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado, para regular la publicidad educativa, realizar supervisiones y poder realizar infracciones administrativas.
La iniciativa fue entregada desde el pasado 11 de marzo, la cual surgió después de realizar más de 68 revisiones realizadas por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), a raíz de quejas ciudadanas, en las que se detectaron irregularidades en instituciones privadas.
Entre las quejas, destaca una escuela que operó con documentación apócrifa en perjuicio de más de mil 300 estudiantes, otra que utilizó la imagen institucional de una entidad distinta afectando a más de 370 jóvenes, y una más que ofertaba bachilleratos con duración de seis meses.
Ante esta situación, el mandatario propone la creación de un sistema de registro previo de publicidad educativa. Todas las instituciones particulares —con o sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)— estarían obligadas a registrar sus anuncios ante la Secretaría de Educación antes de difundirlos, y a incluir en ellos datos verificables como el número de acuerdo de incorporación, la modalidad educativa, el domicilio autorizado y la autoridad que emitió el reconocimiento.
Además, busca establecer tres modalidades de visita de supervisión que actualmente no están diferenciadas en la ley: visitas de verificación, vinculadas a solicitudes de incorporación o modificación de acuerdos; visitas ordinarias, que deberán realizarse al menos una vez al año y; visitas extraordinarias, que proceden ante la presunción de infracción o riesgo a derechos de los estudiantes.
También, se pide ampliar el catálogo de infracciones del artículo 138 de la ley vigente. Las adiciones incluyen: cambio de propietario sin autorización, difusión de publicidad con datos inexactos o caducos, omisión del registro previo de publicidad y obstaculización de visitas de verificación.
Las multas van de 500 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para infracciones de menor gravedad, y de mil a siete mil UMAs para las más graves. En caso de reincidencia, la autoridad educativa podría revocar la autorización o retirar el RVOE. Los montos recaudados por multas se integrarían al presupuesto de la Secretaría de Educación.
Cabe mencionar que, la iniciativa incorpora la figura del allanamiento procesal: una institución sancionada podrá reconocer la infracción en cualquier etapa del procedimiento y aceptar la sanción, lo que derivaría en la aplicación de la multa mínima correspondiente —siempre que no sea reincidente— y en la resolución del caso dentro de los diez días hábiles siguientes a la ratificación.
Los artículos transitorios establecen que la autoridad educativa tendría 180 días naturales para emitir los lineamientos de aplicación tras la publicación del decreto, y las instituciones privadas contarán con 90 días adicionales para adecuarse.
