Al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hay posibles abusos e irregularidades que se están cometiendo, con un patrón preocupante en el actuar de diversas autoridades universitarias, específicamente del rector Alejandro Zermeño Guerra, la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez y el secretario general del sindicato administrativo, Gerardo de Jesús Rivera Müller.
Así lo denunció el trabajador Alejandro Raúl Cruz Manrique, quien fue despedido injustificadamente y quien denunció que, las autoridades universitarias operan en contubernio para despedir a trabajadores sin causa justificada, especialmente a aquellos que no están de acuerdo con las prácticas internas o que deciden defender sus derechos laborales.
“Se han presentado casos donde empleados que han sufrido acoso laboral u hostigamiento, y que han optado por acudir a instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para presentar quejas, terminan siendo despedidos bajo argumentos falsos, inconsistentes o francamente absurdos. Es decir, el simple hecho de alzar la voz parece ser motivo suficiente para ser removido de sus funciones”, condenó.
Cruz Manrique consideró alarmante el trato hacia trabajadores con problemas de salud, pues existen situaciones documentadas donde, “aun contando con dictámenes médicos del ISSSTE que establecen limitaciones físicas para desempeñar ciertas tareas (como trabajos pesados debido a problemas de columna o de la vista), las personas son despedidas bajo el argumento de ser “inservibles” para la institución, sin consideración alguna ni respeto por su condición”.
Expuso que, derivado de esta situación, se percibe un uso indebido de plazas presupuestadas, “ya que mientras se despide personal con años de servicio, dichas plazas son ocupadas por allegados o familiares de quienes ostentan el poder. En particular, se señala que el propio secretario general del sindicato ha incorporado a varios miembros de su familia a la nómina con condiciones laborales favorables, lo cual representa una contradicción evidente con su función de defender a los trabajadores”.
“Resulta irónico y preocupante que quien debería velar por los derechos laborales participe o consienta estas prácticas. Más aún, contrasta el trato que se da a otros casos dentro de la institución, donde personas señaladas por acoso sexual no sólo no son sancionadas, sino que incluso reciben beneficios como ascensos o recategorizaciones”, reprobó.
El extrabajador de la UASLP, quien tienen un proceso laboral en curso, solicitó que, esta situación sea investigada y visibilizada, ya que afecta no solo a los trabajadores directamente involucrados, sino a la integridad y credibilidad de la institución en su conjunto.
