En el Centro Histórico de San Luis Potosí, la apertura de estacionamientos públicos improvisados se ha convertido en un negocio en auge que opera sin regulación por parte de autoridades municipales o estatales, dejando a los usuarios en total estado de indefensión.
Fincas abandonadas, antiguos locales comerciales, cocheras particulares y terrenos baldíos han sido adaptados como espacios para resguardar vehículos, con tarifas que van de los 20 a los 35 pesos por hora o fracción, así como pensiones mensuales que oscilan entre los mil y los 2 mil 200 pesos. Sin embargo, quienes ofrecen este servicio se deslindan completamente de cualquier responsabilidad, limitándose a advertir que “solo se brinda el uso del lugar”.
A diferencia de los estacionamientos ubicados en plazas comerciales —que por ley deben contar con pólizas de seguro contra daños, aunque en la práctica muchas veces no se cumpla—, en el caso de los estacionamientos públicos no existe actualmente una normativa vigente que los obligue a garantizar la protección de los vehículos, debido a que las reformas propuestas en la materia no han sido aprobadas en su totalidad.
En abril de 2022, comisiones del Congreso del Estado avalaron modificaciones a la ley para obligar tanto a estacionamientos públicos como privados a contratar seguros que cubrieran daños a los vehículos. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, que los prestadores del servicio asumieran responsabilidad por cualquier afectación a las unidades, siempre que cobraran por el resguardo. No obstante, el dictamen nunca fue presentado ante el Pleno para su votación, dejando el tema en el limbo legislativo.
El proyecto de reforma subrayaba la importancia de proteger uno de los bienes más valiosos para las familias potosinas: sus automóviles, de los cuales dependen en muchos casos para trabajar o realizar sus actividades diarias. También señalaba la incongruencia de que los estacionamientos cobren por un servicio sin ofrecer garantías mínimas ante robos o daños, una situación que continúa siendo común en la entidad.
La falta de regulación ha derivado en múltiples casos en los que usuarios son víctimas de robos totales o parciales, o daños a sus vehículos, sin que los propietarios de estos espacios asuman responsabilidad alguna, aprovechándose de vacíos legales.
Un ejemplo reciente se ubica sobre la calle 5 de Mayo, entre Iturbide y Guerrero, donde un antiguo espacio comercial en ruinas fue habilitado como estacionamiento. Sin techo, con muros deteriorados y sin medidas de seguridad, el lugar opera con una tarifa de 25 pesos por hora, sin emitir recibos o comprobantes.
Otro caso es el de los baños San José, en Rayón entre Independencia y Vallejo, donde el supuesto giro de baños de vapor ha quedado en segundo plano, ya que su patio funciona como estacionamiento para vehículos de instituciones cercanas y negocios de la zona, con pensiones mensuales que superan los mil 200 pesos.
A esta problemática se suma la escasez de espacios en la vía pública, donde incluso los lugares con parquímetro suelen ser apartados de manera irregular por particulares, mientras que los operativos de Tránsito Municipal se enfocan principalmente en sancionar a conductores, sin atender la proliferación de estos estacionamientos informales.
Así, lotes baldíos y cocheras con capacidad para apenas unos cuantos vehículos continúan transformándose en estacionamientos públicos sin permisos, sin uso de suelo autorizado, sin vigilancia ni infraestructura adecuada, provocando daños frecuentes a los automóviles. En este escenario, la constante es clara: no hay garantías para los propietarios de los vehículos y nadie responde por los perjuicios.
Con información de: El Sol de San Luis
