En San Luis Potosí, menos de la mitad de los más de 150 centros de rehabilitación contra adicciones, conocidos como anexos, cumplen con la regulación establecida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), situación que ha encendido alertas por las condiciones en las que operan y el trato que reciben muchas personas internadas.
De acuerdo con información expuesta en el Congreso del Estado, varios de estos espacios funcionan sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar procesos de recuperación dignos y seguros, lo que ha derivado en señalamientos sobre prácticas que vulneran los derechos de los pacientes, quienes en algunos casos enfrentan condiciones consideradas extremas durante su internamiento.
Los costos para ingresar a una persona a uno de estos centros oscilan entre los 900 y 3 mil pesos por semana, dependiendo de los servicios ofrecidos. Mientras algunos establecimientos cubren alimentación, medicamentos e insumos de higiene personal, en otros son los propios familiares quienes deben aportar estos recursos.
Se estima además que solo entre uno y dos de cada diez internos logran concluir con éxito su proceso de rehabilitación.
Actualmente, el único centro público especializado en atención contra las adicciones en la entidad es el Instituto Temazcalli, por lo que el resto de la atención recae en instituciones privadas.
En este contexto, el Congreso del Estado analiza posibles reformas relacionadas con el funcionamiento de estos centros, entre ellas una propuesta para evitar que se considere como secuestro el ingreso de una persona a rehabilitación sin su consentimiento, cuando la decisión sea tomada por familiares cercanos.
Como parte de este análisis, el diputado Emilio Rosas Montiel sostuvo recientemente una reunión con representantes de centros de rehabilitación, en la que participaron responsables de alrededor de 150 anexos que actualmente atienden a cerca de 10 mil personas en proceso de recuperación en San Luis Potosí.
Durante el encuentro se expusieron las principales problemáticas del sector, así como la necesidad de fortalecer la legislación local. Entre las áreas identificadas están la falta de reconocimiento de adicciones no químicas, como la ludopatía, y la necesidad de robustecer los mecanismos de reinserción social y laboral para personas rehabilitadas.
También se revisaron experiencias de otras entidades como Sonora y Colima, donde se han implementado estrategias enfocadas en innovación tecnológica, prevención social y reintegración.
Derivado de esta reunión, se instaló una mesa de trabajo permanente que sesionará hasta el próximo 9 de mayo, con el objetivo de construir un paquete de reformas que permita mejorar la prevención, atención y reintegración de personas que enfrentan problemas de adicción en la entidad.
Con información de: El Sol de San Luis
