Lo que se perfilaba como una política pública histórica de transferencia directa de recursos a los pueblos originarios, ha terminado por convertirse en un catálogo de irregularidades, omisiones y traiciones, denunció Juan Felipe Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano, luego de la visita del delegado del Bienestar Guillermo Morales a la huasteca potosina.
Dijo que, en esta visita ha quedado al descubierto el profundo malestar de las autoridades indígenas de Mecatlán, Santiago y otros barrios, quienes denuncian que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les ha fallado.
Puntualizó que, la crítica hacia la gestión de la Secretaría de Bienestar y el INPI no es subjetiva, se sustenta en hechos, desde que se impuso una distribución de recursos ajena al decreto inicial, reduciendo de tajo el presupuesto destinado a cada comunidad. A pesar de que diversas comunidades ganaron amparos contra estos recortes, Guillermo Morales y Mario Alberto Godoy Ramos del INPI han ignorado las sentencias. Hasta la fecha, no se han pagado los recursos correspondientes a 2025, lo que las comunidades califican como un chantaje político.
“El desaseo administrativo alcanzó su punto máximo con la gestión del calendario de ministraciones. Mientras el decreto estipulaba que los fondos debían llegar en abril de 2025, la primera entrega ocurrió hasta octubre, un retraso de cinco meses que asfixió la planeación comunitaria y los dejo en imposibilidad de ejercer el cien por ciento de los recursos y por eso ya no les suministraron recursos”, reprobó.
Cisneros Sánchez señaló que, a pesar de la narrativa oficial que presume el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la realidad en campo es la de un paternalismo autoritario. Los lineamientos del FAISPIAM hoy se contraponen a la Constitución: Se violenta la autonomía y la libre determinación, se imponen obras, contratistas, proveedores y técnicos externos, se utilizan a los “Servidores de la Nación” como instrumentos de control y, en muchos casos, de corrupción.
El Observatorio Indígena Mesoamericano lo advirtió desde junio de 2025: la incapacidad y el desorden institucional terminarían afectando a los más pobres. “Existe una alarmante falta de coordinación y un desorden administrativo entre las instituciones responsables, las cuales continúan cometiendo atropellos en la región. El retraso en los procesos asamblearios impactará inevitablemente en la entrega de recursos, la ejecución de obras y su comprobación técnica. Esta incapacidad institucional demuestra un desinterés absoluto por el bienestar de las comunidades, que corren el riesgo de ser excluidas del presupuesto 2026, mientras los funcionarios responsables aseguran su permanencia y sus salarios sin consecuencia alguna”.
