Un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas de alto nivel, obtenido por Proceso, perfila un escenario inédito en el corazón político de Sinaloa: el gobernador Rubén Rocha Moya se encontraría resguardado dentro del Palacio de Gobierno estatal, bajo un esquema de vigilancia aérea permanente que incluye un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño.
De acuerdo con el documento, fechado el 11 de mayo, los indicios recabados en las últimas horas ubican al mandatario en el área de azotea del inmueble oficial, con un cuadro clínico asociado a una afección respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico. La información —clasificada como de “seguimiento operativo”— no ofrece precisión absoluta sobre su localización interna, pero insiste en la permanencia del gobernador dentro del complejo gubernamental.
El elemento más delicado del reporte no es, sin embargo, la condición de salud del mandatario, sino el dispositivo de observación que lo rodea. Según las fuentes consultadas, durante el día y, con mayor intensidad, en horarios nocturnos y de madrugada, se ha registrado una presencia aérea constante sobre el perímetro del Palacio de Gobierno. Un helicóptero ligero —identificado por sus características como un modelo tipo “Little Bird”, utilizado en operaciones especiales por fuerzas estadunidenses— mantiene órbitas continuas, mientras que al menos seis drones realizan sobrevuelos recurrentes, particularmente durante la noche.
El patrón descrito —órbitas cerradas, cobertura de perímetro reducido y vigilancia sostenida— no corresponde a tareas de patrullaje convencional. Se trata, según el propio documento, de un esquema de “vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente”, una categoría operativa que sugiere no sólo monitoreo, sino capacidad de intervención inmediata.
El reporte abre, así, una dimensión más profunda del conflicto político y de seguridad que atraviesa Sinaloa: la eventual presencia de activos aéreos vinculados a agencias estadunidenses en el espacio inmediato del poder estatal. La implicación es doble. Por un lado, coloca al gobernador en una situación de resguardo extremo dentro de su propia sede de gobierno; por otro, sugiere un nivel de interés y presión externa que rebasa los cauces diplomáticos tradicionales.
En paralelo, el documento menciona movimientos en el entorno político cercano. Enrique Inzunza Cázarez, figura clave en la estructura de poder local, habría sido ubicado en Badiraguato, en una vivienda con características de resguardo reforzado, mientras que miembros de su familia habrían modificado de manera abrupta sus rutinas personales y académicas. Estos desplazamientos, leídos en conjunto con la vigilancia aérea sobre Culiacán, configuran un mapa de repliegue y cautela entre actores relevantes del gobierno estatal.
Proceso opta por resguardar la identidad y detalles sensibles de las fuentes que sustentan este reporte. Sin embargo, la coincidencia de datos operativos, el nivel técnico de la información y la consistencia del patrón descrito permiten sostener, con cautela, que Culiacán vive bajo un episodio de observación estratégica inusual, cuyo alcance político aún está por definirse.
Con información de Proceso.
