El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la armonización de la legislación electoral de San Luis Potosí con la Constitución Federal, reforma que, podría derivar en una reducción del número de regidores y síndicos en algunos ayuntamientos, aunque los cambios no entrarían en vigor sino hasta el proceso electoral de 2030.
Fueron 23 votos a favor y dos en contra de las dos diputadas del PRI, Frinne Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, con lo que se aprobó la iniciativa de reforma constitucional presentada por el grupo parlamentario de Morena, para armonizar la legislación local con los cambios federales conocidos como “Plan B”, que incluyen límites al presupuesto del Poder Legislativo, prohibiciones al nepotismo electoral para diputaciones y ayuntamientos, eliminación de la reelección inmediata y reducción en el número de regidurías y sindicaturas municipales.
Al respecto, el diputado Carlos Arreola Mallol informó que, el Congreso del Estado trabaja en una serie de ajustes constitucionales para cumplir con el mandato federal cuyo plazo venció el pasado 1 de junio, fecha límite para adecuar las disposiciones locales en materia de representación municipal.
Puntualizó que, la reforma busca establecer límites a la integración de los cabildos conforme a los parámetros previstos en la Constitución Federal, particularmente en lo relacionado con el número de regidores y síndicos que pueden integrar los ayuntamientos.
El diputado de Morena detalló que, el impacto en el caso de los regidores sería reducido, pues estimó que únicamente entre cuatro y cinco municipios tendrían que modificar su integración. Sin embargo, el mayor ajuste recaería en las sindicaturas, ya que algunos ayuntamientos actualmente cuentan con dos síndicos bajo criterios vinculados al tamaño de su población.
Con la armonización propuesta, los municipios tendrían una sola sindicatura, por lo que las funciones administrativas y jurídicas que actualmente se distribuyen entre dos cargos deberán concentrarse en uno solo.
Agregó que, las modificaciones se aplicarían hasta la elección de 2030, con el objetivo de no alterar las condiciones de participación política de quienes actualmente ocupan cargos públicos o podrían competir en el próximo proceso electoral.
