El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Juárez Hernández, justificó la intervención de la Guardia Civil Estatal en el predio La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, al señalar que se trató de una actuación derivada de un mandato judicial y no de un acto de represión contra la comunidad tének.
“Hay un fundamento legal para la solicitud. Como en muchas otras acciones, recibimos requerimientos de jueces mercantiles o civiles. Nosotros no conocemos el expediente; únicamente cumplimos con el ordenamiento judicial”, expuso en entrevista.
El titular de Seguridad Pública dijo desconocer si la orden fue emitida por una autoridad federal o estatal. “No conozco el trasfondo del asunto; estaría proporcionando información que no tengo”, señaló.
Indicó que las solicitudes de apoyo de la fuerza pública para este tipo de diligencias son frecuentes, ya que reciben entre dos y tres requerimientos diarios, principalmente en el ámbito civil para la restitución de inmuebles por orden judicial.
“Principalmente son mandatos civiles de restitución de inmuebles. Se realizan a través de los jueces civiles”, aseveró.
Lo anterior, luego de que el pasado 9 de junio alrededor de cien personas, entre civiles sin insignias identificables y elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación, desalojaran a habitantes del predio La Peña, quienes mantenían un campamento para resguardar aproximadamente 200 hectáreas ocupadas de forma continua y pacífica por cerca de 100 familias tének durante más de 30 años.
