Isabel García
Con caravanas y concentraciones en diversos puntos del país, integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) manifestaron su rechazo a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales que, afirman, ponen en riesgo la actividad de miles de operadores dedicados al abastecimiento de agua mediante pipas.
En San Luis Potosí, decenas de unidades se concentraron sobre la carretera a Matehuala como parte de una jornada nacional de protesta encabezada por el gremio transportista, mientras dirigentes nacionales mantenían reuniones con funcionarios federales para intentar destrabar el conflicto.
El consejero nacional de AMOTAC, Raúl Torres, explicó que las negociaciones con autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional del Agua se han prolongado durante varios meses, sin que hasta ahora exista una solución definitiva a las demandas del sector.
Señaló que los transportistas consideran injusto que se les responsabilice por el manejo del recurso hídrico cuando su función se limita al traslado del agua hacia hogares, comunidades rurales, centros de trabajo y actividades productivas que carecen de acceso permanente al servicio.
De acuerdo con el dirigente, millones de familias en el país dependen de este mecanismo de abastecimiento debido a la insuficiencia de redes de distribución, por lo que cualquier restricción a la actividad de los piperos tendría repercusiones directas para la población.
Durante el encuentro con medios de comunicación, Torres aseguró que la organización agotará todas las vías de diálogo antes de tomar medidas más severas, aunque confirmó que las movilizaciones continuarán mientras no exista un documento oficial que garantice protección legal para los operadores.
Asimismo, acusó falta de sensibilidad por parte de algunos funcionarios federales durante las negociaciones y afirmó que la inconformidad del sector aumentó tras la ruptura de acuerdos que ya se encontraban avanzados.
Los transportistas insistieron en que su actividad representa un servicio indispensable para miles de comunidades y afirmaron que continuarán defendiendo el derecho de las familias a recibir agua mientras esperan una respuesta definitiva del Gobierno Federal.
