Tras el asesinato de la madre buscadora Patricia Negrete Tafoya, la noche del martes 23 en Pénjamo, Guanajuato, cerca de 500 colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y académicos, entre otros, urgieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno “generar condiciones seguras para la búsqueda de personas desaparecidas”.
En un pronunciamiento firmado por colectivos de búsqueda de todo el país, se alertó que con el asesinato de Negrete, integrante de Una Promesa Por Cumplir, suman ocho personas buscadoras asesinadas desde 2018, mientras que seis más permanecen en calidad de desaparecidas, convirtiéndose a Guanajuato a la “entidad más peligrosa para quienes buscan a su familiar”.
Los firmantes destacaron que Negrete Tafoya fue asesinada la noche del martes 23, por un grupo armado que la esperó al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.
Ante el octavo asesinato, los colectivos denunciaron que los crímenes permanecen en la impunidad, al no existir “información pública suficiente sobre los avances de las investigaciones, las líneas de indagación, las personas detenidas y los resultados obtenidos por las autoridades”, afectando con ello no sólo el esclarecimiento de los casos “sino también a las familias de personas desaparecidas en la entidad”.
“El vacío de información y justicia ha generado un ambiente de impunidad y zonas de silencio que dificultan la búsqueda y profundiza la incertidumbre y la exposición a riesgos de quienes sobrevivimos a la violencia”, puntualizaron los colectivos en su mensaje.
Por ello, colectivos y activistas urgieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, “a presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones cometidas contra integrantes de colectivos de búsqueda en la entidad”.
Señalaron que han experimentado el trabajo de titulares de la Fiscalía General del Estado, primero con Carlos Zamarripa Aguirre y de Vázquez Alatriste, pero aún “persisten prácticas que limitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la rendición de cuentas para las víctimas y sus familias”.
Los firmantes exigieron a la gobernadora “fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias”, considerando que realizan las búsquedas “en territorios marcados por la violencia, el miedo y el control de grupos delictivos, condiciones que se agravan cuando las instituciones no garantizan seguridad, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia”.
Además, los firmantes demandaron “que se detenga cualquier forma de criminalización hacia las personas desaparecidas y nuestras familias”, lo que pone en riesgo a las personas buscadoras.
Consideraron que la desaparición de personas “debe analizarse desde una perspectiva integral que considere factores estructurales como la desigualad social, la falta de oportunidades, el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras, así como los posibles vínculos, actos de corrupción o colusión entre grupos criminales y agentes o instituciones del Estado”.
Para las familias de personas desaparecidas y activistas que las acompañan, “ignorar estas condiciones contribuye a perpetuar la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad y a la justicia”.
“Ante esta realidad, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y solidarias, colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y familiares, hacemos un llamado conjunto para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición”, apuntaron en el pronunciamiento por el que exigieron “medidas de protección reales y efectivas” para las personas buscadoras.
Concluyeron: “Por la memoria de quienes faltan, por la seguridad de quienes buscan y por el derecho de todas las familias a conocer la verdad, exigimos acciones concretas, resultados verificables y justicia. ¡Hasta encontrarlos!”.
El pronunciamiento fue firmado por 143 colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guanajuato, de Sonora, de Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Aguascalientes, Chiapas, Yucatán, Michoacán, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Querétaro, familiares de migrantes de Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala, de Estados Unidos y Brasil.
También lo firman 138 activistas y académicos, 52 organizaciones sociales y 154 personas solidarias con el movimiento de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Con información de: Proceso
