Marcela Loyola
Habitantes de la comunidad indígena La Peña exigieron la destitución y cárcel para la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, así como para el síndico, la secretaria general y demás elementos policíacos municipales y estatales que participaron en su desalojo con violencia el pasado 9 de junio.
“Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y el comandante Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y un elemento de la Fuerza Civil Estatal; son los que participaron de lleno, junto con los municipales, también en golpearnos”, expusieron.
En rueda de prensa, este miércoles, afuera de Palacio de Gobierno, los pobladores desmintieron a la alcaldesa, al asegurar que son alrededor de 100 familias las afectadas y no solamente dos, como ella ha señalado.
Puntualizaron que son familias indígenas las que habitan La Peña, hablantes de tének y náhuatl, además de que tienen más de 30 años en posesión del terreno, en una superficie cercana a las 200 hectáreas. Por ello, negaron que se trate de una colonia y afirmaron que el litigio se limita a un predio de 10 hectáreas ocupado por dos familias.
Denunciaron que durante el desalojo hubo agresiones contra hombres, mujeres y menores de edad, además de la destrucción de viviendas y cultivos, así como el robo de sus pertenencias. Por ello, exigen la reparación integral del daño y aseguraron contar con evidencia que respalda la posesión de la tierra desde hace 30 años.
Los habitantes de La Peña dieron a conocer que en próximos días acudirán a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y llevarán las pruebas de que les destruyeron sus viviendas y cultivos, dejándolos sin un lugar donde sus hijos pequeños puedan dormir.
Cabe recordar que, en días pasados, el Ayuntamiento de Tampamolón sostuvo que el terreno fue donado legalmente al municipio mediante escritura pública y que el desalojo se realizó en cumplimiento de una resolución judicial derivada de un litigio que, de acuerdo con su versión, involucra únicamente a dos familias.
La administración municipal también informó que, tras la promoción de un juicio de amparo por parte de una de las familias, el predio fue restituido de manera provisional el pasado 7 de julio, por lo que serán los tribunales los que determinen la situación jurídica del predio.
