La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la desintegración de una enorme red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, uno de cuyos líderes era el panista Ernesto Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California.
Esa red provocó un daño al fisco de más de 4 mil millones de pesos.
Horas antes, la FGR informó del arresto de Ruffo Appel, a quien acusó de delincuencia organizada y contrabando.
Precisó que el exgobernador fue detenido en Ensenada (Baja California) por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su arresto fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.
Mediante un vIdeo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que, a partir de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada “logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”.
Señaló que la investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.
También explicó que las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, pero al introducir la mercancía a México desde Estados Unidos “declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”.
De acuerdo con la investigación, “la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril”.
La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025 detectaron que la organización investigada “habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
El análisis de dichas operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
El caso se suma al de otros funcionarios y exfuncionarios implicados en redes de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’.
En septiembre de 2025, autoridades mexicanas arrestaron a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por su presunta participación en una red que introducía hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.
En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de: Aristegui Noticias
