Marcela Loyola
Representantes indígenas de los pueblos Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina reprobaron que, el despacho jurídico de la Presidencia sólo presentará una modificación al artículo 2°, quedándoles a deber nuevamente los derechos territoriales y político-electorales para ejercer de verdad su autonomía y autogobierno, sin la tutela de partidos políticos, por lo que exigen una audiencia con la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitarle entre otras cosas que se prohíba el fracking.
Así lo expresaron miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas quienes luchan por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, a través de un escrito enviado a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y a los medios de comunicación.
“Quienes viven del gobierno celebran esto como un gran logro, pero en el fondo la reforma fue recortada y condicionada, dándonos un reconocimiento incompleto y limitado. A nivel federal tenemos hoy la personalidad que en San Luis Potosí ya teníamos desde 2003, pero usted debe saber que las instituciones nos siguen tratando como objetos de ayuda pública y no como sujetos con derechos”, denuncian.
Recordaron que, durante la campaña de la presidenta en Zacatecas, prometió prohibir la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica (fracking). “Vimos que ese era el camino correcto. Sin embargo, los diputados y senadores han hecho oídos sordos a este reclamo urgente para la vida y han congelado las iniciativas, tanto la que envió el anterior presidente como las de otros actores políticos”.
“Hoy, faltando a su propio compromiso, usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades. Con la bandera de la soberanía energética se pretende sacrificarnos. Usted, como mujer de ciencia, sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración y explotación petrolera, y que ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía”, puntualizaron.
Los consejeros indígenas puntualizaron que, en la huasteca el agua es frágil, ya que, es abundante solo unos meses al año, mientras que el resto del tiempo vivimos en escasez. “Usted sabe muy bien que la región Huasteca —que abarca más de 80 municipios entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas— es un territorio vivo donde habitamos cerca de un millón de personas de los pueblos Náhuatl, Tének, Otomí, Tepehua, Totonaco y Xi’iuy. Nuestro territorio no son tierras vacías ni sin dueño”.
Agregaron que, el comité de expertos de la presidencia “no vive en nuestra tierra; vive en otros entornos y depende de empresas petroleras o de una academia acomodada al poder. Cualquier informe de ese grupo carece de autoridad moral y científica, pues está marcado por intereses ajenos a la vida de las comunidades indígenas. Le exigimos congruencia con la palabra empeñada. Le pedimos prudencia, porque la llamada “utilidad pública” no puede estar por encima de nuestros derechos humanos e históricos”.
Advirtieron que, el Gobierno debió consultarlos y no lo hizo para el tema del fracking y, ahora “la consulta para definir la ley reglamentaria del artículo 2.º es solo una farsa: no se informa, se simula, no se consensua, se dictan procedimientos, no se garantiza el derecho a la participación real, pues se imponen sedes y formas ignorando a la Asamblea General Comunitaria, que es nuestra máxima autoridad. El texto presentado no es una iniciativa, es un texto borrador de lo que más adelante podría ser una iniciativa. Esta simulación no es para proteger nuestros derechos, sino una estrategia diseñada para engañarnos y acotar nuestros derechos”.
Por eso exigen: la emisión de un decreto formal que prohíba de manera absoluta y definitiva el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y la minería a cielo abierto dentro de nuestro territorio, en la región Huasteca y en todo el país, con sustento en los artículos 1.º, 2.º (Apartado A, fracciones V y VI) y 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reconocen la protección de nuestro hábitat y territorio, garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua, así como el principio precautorio ambiental respaldado por el Convenio de Escazú.
Asimismo, la cancelación inmediata de cualquier plan o proyecto de exploración, extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos de Pemex u otras empresas que impacten directa o indirectamente nuestros territorios y acuíferos, en apego a los artículos 1.º, 2.º (Apartado A, fracción V) y 4.º de la CPEUM, así como al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que protegen el derecho humano al agua, la integridad de nuestros territorios, el principio de no regresividad y el derecho sobre los recursos naturales de nuestras comunidades.
Además, del respeto pleno a la autonomía indígena y un alto a la simulación legislativa, suspendiendo los actos de la consulta regresiva sobre la ley reglamentaria del Artículo 2.º Constitucional y estableciendo un diálogo directo con las Asambleas Generales Comunitarias. Exigimos el respeto a nuestra libre determinación, sin intermediación ni tutela de partidos políticos y con los tiempos adecuados, conforme al artículo 2.º constitucional, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el principio de no regresividad en derechos humanos (artículo 1.º constitucional).
Finalmente, solicitan una audiencia formal con la presidenta en sus oficinas para ser escuchados de manera directa, garantizando su derecho fundamental de audiencia y debido proceso (artículo 14 de la CPEUM y artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en concordancia con el derecho de petición (artículo 8.º constitucional), que mandata a la autoridad a escuchar y dar respuesta formal, por escrito y en breve término a nuestras solicitudes.
