Por Redacción
A través de una denuncia anónima, se señaló la presunta existencia de una red de extorsión que habría utilizado cateos y aseguramientos derivados de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí como mecanismo de presión contra empresarios del sector de hidrocarburos.
De acuerdo con el documento, el caso está relacionado con el aseguramiento de más de 100 pipas, cuyos propietarios habrían acreditado legalmente tanto la propiedad de las unidades como la procedencia de los hidrocarburos transportados, sin que el proceso para su liberación haya avanzado. Los hechos se vinculan con la carpeta de investigación FED/SLP/SLP/0001023/2026.
La denuncia sostiene que, tras diversos cateos relacionados con dicha carpeta, presuntos agentes de la Policía de Investigación habrían solicitado hasta 10 millones de pesos a cambio de intervenir en la liberación de las unidades y resolver las consecuencias jurídicas derivadas de los operativos. Esta exigencia habría sido comunicada a abogados vinculados con la defensa de la empresa y de las personas afectadas, a cambio de gestionar la situación jurídica de las pipas, tractocamiones, semirremolques, hidrocarburos, inmuebles y demás bienes asegurados.
Según el documento, no se trataría de un hecho aislado, sino de una presunta estructura en la que participarían particulares, intermediarios políticos, abogados y personas relacionadas con actuaciones ministeriales. Entre los señalamientos aparece la empresa Grúas Tangamanga, cuya posible participación deberá ser investigada y acreditada por las autoridades correspondientes.
La denuncia menciona a Enrique Alejandro Flores Flores, exdiputado del Partido Acción Nacional, identificado en el documento como “el diputado”, a quien se atribuyen posibles funciones de coordinación, enlace o intermediación con servidores públicos de la FGR en la entidad. También se señala al actual delegado de la FGR en San Luis Potosí, Gabriel Campos Piña, como una de las personas cuya actuación debería investigarse para determinar si existe algún vínculo con el presunto esquema.
Los señalamientos actuales de la denuncia, por su carácter anónimo, continúan en proceso y son únicamente de cualidad preliminar. Será responsabilidad de las autoridades autoridades investigar, corroborar o descartar las acusaciones.
