El impacto de estos apoyos en el ingreso de los adultos mayores en México demuestra un cambio sustancial en la política de protección social, aunque también plantea retos clave sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Por un lado, el incremento del 142.6% en el ingreso total de quienes perciben la pensión mínima garantizada —al pasar de 5,666 a 13,745 pesos mensuales— representa un alivio directo para el poder adquisitivo de este sector de la población. La integración de la pensión contributiva, el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores funciona como una red de seguridad que reduce la vulnerabilidad económica en la vejez, acercando el ingreso a niveles más acordes con el costo de vida actual.
Por otro lado, la viabilidad de este esquema depende enteramente de dos pilares estructurales:
- Sostenibilidad fiscal: Mantener estos suplementos requiere una presión constante sobre el presupuesto público. Al tratarse de transferencias financiadas en buena medida con recursos fiscales y fondos específicos, su permanencia dependerá de la capacidad de recaudación del Estado y del espacio fiscal disponible en los próximos años.
- Complementariedad, no sustitución: Si bien los apoyos no contributivos corrigen distorsiones históricas de salarios bajos o carreras laborales discontinuas, el reto de fondo sigue siendo fortalecer el mercado laboral formal para que el sistema de ahorro para el retiro genere pensiones contributivas más sólidas por sí mismo.
En conjunto, los datos reflejan un fortalecimiento en la redistribución del ingreso para los jubilados de menores percepciones, cuyo principal desafío futuro será garantizar que el financiamiento público mantenga el ritmo frente al envejecimiento progresivo de la población.
Con información de Segundo Informe de Gobierno
