Por Redacción
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, negó que la administración estatal o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hayan tenido participación en las agresiones denunciadas por militantes del Partido del Trabajo (PT) durante el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Arena Potosí, el pasado 4 de septiembre.
Durante el evento, un grupo de personas retiró banderas del PT y agredió a militantes de ese partido. Entre las afectadas se encuentra Lucía Torres Almendáriz, comisionada política nacional de asuntos electorales del PT para San Luis Potosí, quien denunció que le sustrajeron su teléfono celular mientras intentaba documentar los hechos. De acuerdo con relatos difundidos tras el acto, también fue agredido físicamente un joven militante del PT, quien habría sido perseguido al intentar grabar lo ocurrido.
Torres Almendáriz responsabilizó directamente al gobierno estatal por la actuación de los elementos de seguridad, al señalar que la Guardia Civil Estatal no intervino durante las agresiones. Informó que presentó las denuncias correspondientes y buscó informar directamente a la presidenta Sheinbaum sobre lo ocurrido.
Al ser cuestionado sobre estas acusaciones, Torres Sánchez sostuvo que tanto el gobierno estatal como el Partido Verde promueven la pluralidad partidista en los actos cívicos. El funcionario describió el evento como un ejercicio de participación ciudadana que se desarrolló con “orden” y “paz”, y consideró que la asistencia de miles de personas estuvo por encima de filiaciones partidistas.
Sin embargo, ante la pregunta sobre qué información tenía el gobierno estatal respecto a las agresiones, Torres Sánchez respondió únicamente que no tuvo información sobre el asunto, sin explicar por qué la Guardia Civil Estatal no intervino durante los hechos, según los señalamientos de los militantes del PT, ni referirse de manera específica a la sustracción del teléfono celular de Torres Almendáriz o a la agresión contra el joven militante.
Los hechos ocurrieron días antes del inicio formal del proceso electoral federal, previsto para el 8 de septiembre, por lo que el PT ha señalado las agresiones como parte de sus reclamos contra la actuación del gobierno estatal.
