Marcela Loyola
El diputado Héctor Serrano Cortés consideró que las impugnaciones contra reformas aprobadas por el Congreso del Estado no significan necesariamente que exista una falla en el trabajo legislativo. Como ejemplo, se refirió a la invalidez de la reforma al artículo 122 Bis de la Constitución local, relacionada con los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, y señaló que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generan precedentes y jurisprudencia.
“El Congreso propone. Ustedes saben que tenemos todo un cuerpo de asesores que, por cierto, tiene muchísimos años, yo diría que incluso décadas en el Congreso, que son los que revisan precisamente que todas las propuestas legislativas vayan con las condiciones jurídicas necesarias para que sean calificadas de aceptables por parte de la Corte”, expuso.
Indicó que corresponde a la SCJN determinar la validez constitucional de las reformas y destacó la importancia de sus resoluciones para establecer criterios jurídicos.
“Lo que sí es importante destacar es que todas las resoluciones que la Corte tome en este momento van sentando un precedente y jurisprudencia, y yo creo que la Corte lo que ha estado haciendo es revisarlo”, manifestó.
Entre los asuntos relacionados con reformas locales se encuentran las acciones de inconstitucionalidad contra los nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y contra la reforma electoral que redujo los plazos de precampaña. A estos casos se suma la invalidez del esquema de alternancia obligatoria de género para la gubernatura, determinada por la Corte en septiembre de 2026.
Respecto a los cambios electorales, Serrano Cortés sostuvo que la reducción de los plazos de precampaña busca disminuir el impacto en el erario. Añadió que el marco jurídico vigente ofrece condiciones para el desarrollo del próximo proceso electoral, aunque reconoció que algunas disposiciones deben revisarse.
Como otro ejemplo de los asuntos pendientes, mencionó la reforma en materia de inteligencia, cuya constitucionalidad aún no ha sido resuelta por el máximo tribunal.
“Tenemos todavía el caso pendiente, por ejemplo, que no se ha resuelto, del asunto de la inteligencia. Ese tema no lo ha resuelto la Corte, se ha dado el tiempo para tomar una decisión y qué bueno que se revise”, señaló.
