La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las presuntas agresiones cometidas por policías durante una protesta por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, que el domingo 11 de octubre dejó 39 personas detenidas y derivó en denuncias de posibles actos de tortura.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que el organismo ya realiza las indagatorias, luego de que un día antes solicitara esclarecer los hechos ocurridos durante la movilización.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones”, señaló durante su conferencia matutina.
Las indagatorias contemplan las denuncias sobre el uso de chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, así como presuntas agresiones físicas y posibles detenciones arbitrarias. La Secretaría de Gobernación también acompaña el proceso dentro de sus atribuciones, aunque hasta el momento no se han dado a conocer responsables identificados ni avances concretos.
Gobierno federal analiza alternativas para atender el problema del agua
Además de las investigaciones por el operativo policial, Sheinbaum informó que el Gobierno federal trabaja en propuestas para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrentan habitantes de Jalisco.
La mandataria explicó que el miércoles sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes presentaron dos proyectos técnicos para atender la situación.
Añadió que solicitó una revisión adicional de las propuestas antes de analizarlas con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y determinar el posible apoyo económico de la Federación.
“Espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, expresó.
Protesta terminó con 39 personas detenidas
La movilización reunió a miles de personas en Guadalajara para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua que llega a sus viviendas. De acuerdo con los reportes, habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana han manifestado durante meses su inconformidad por recibir agua turbia y con mal olor.
La protesta derivó en enfrentamientos frente a la residencia oficial del gobernador, donde policías antimotines utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes.
Las autoridades estatales reportaron inicialmente 39 personas detenidas. Todas fueron liberadas posteriormente, aunque algunas continúan sujetas a procedimientos legales.
Tras los hechos, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron posibles detenciones arbitrarias, agresiones físicas y presuntos actos de tortura contra manifestantes, incluidos jóvenes.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo “graves errores” en la actuación policial, admitió un uso excesivo de la fuerza y anunció investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades.
La investigación de la CNDH y las indagatorias estatales buscarán esclarecer lo ocurrido durante el operativo y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.
Con información de: El Horizonte
