La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años documentos relacionados con la investigación sobre la operación que derivó en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. La dependencia argumentó que divulgar la información podría afectar las indagatorias en curso y la cooperación jurídica entre ambos países.
La decisión se dio en respuesta a una solicitud de transparencia que buscaba acceder a los documentos utilizados o mencionados por la fiscal general Ernestina Godoy y otros funcionarios durante una conferencia de prensa del 8 de julio de 2026, en la que la institución señaló presuntas inconsistencias en la información proporcionada por autoridades estadounidenses sobre el caso.
La solicitud incluía archivos, fotografías, videos, dictámenes periciales, registros migratorios y aeronáuticos, documentos de cadena de custodia y comunicaciones con autoridades de Estados Unidos. También contemplaba información sobre el piloto de la aeronave en la que Zambada fue trasladado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La Fiscalía rechazó entregar los documentos, incluso en versiones públicas con datos confidenciales testados, al considerar que la divulgación parcial tampoco evitaría los riesgos para la investigación.
La donación del avión generó cuestionamientos
El caso volvió al debate público después de que se diera a conocer la donación al War Eagles Air Museum, en Nuevo México, de la aeronave Beechcraft King Air 200 utilizada para trasladar a Zambada y Guzmán López a territorio estadounidense.
El FBI anunció formalmente la donación el 2 de julio de 2026. Durante el evento, la agencia presentó información sobre la inspección del avión y sus modificaciones, mientras que un documento titulado “Operación Air Kings” destacó la participación de agentes estadounidenses en los arrestos.
La difusión de ese material provocó cuestionamientos del gobierno mexicano sobre el grado de participación de las autoridades de Estados Unidos en la operación.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió aclaraciones y cuestionó las declaraciones del entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien había sostenido que el gobierno de Joe Biden no organizó el secuestro de Zambada y que la intervención de las agencias estadounidenses ocurrió cuando los involucrados llegaron a territorio de ese país.
Por su parte, Salazar reiteró que Estados Unidos no participó en el secuestro y que su intervención se produjo después del aterrizaje de la aeronave.
FGR identificó al presunto piloto
Durante la conferencia del 8 de julio, la Fiscalía informó que identificó al piloto de la aeronave mediante el análisis de una grabación proporcionada por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), además de dictámenes periciales de voz y otros indicios.
La institución señaló que se trataba de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, presuntamente vinculado con la organización criminal de “Los Chapitos”.
Núñez Ojeda había sido detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Sinaloa, y posteriormente entregado a Estados Unidos el 13 de agosto de ese año. Según la información proporcionada por la FGR, la identificación de los indicios que lo relacionaban con el vuelo ocurrió meses después de su entrega.
Este señalamiento contrastó con declaraciones previas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien había negado que Núñez Ojeda participara directamente en el traslado de Zambada a Estados Unidos.
Fiscalía argumenta riesgos para la investigación y la cooperación internacional
En su respuesta a la solicitud de transparencia, la FGR sostuvo que revelar los documentos permitiría conocer las líneas de investigación, las diligencias ministeriales y los elementos de prueba recopilados, lo que, a su consideración, podría afectar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades.
La dependencia también argumentó que divulgar comunicaciones y documentos obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional podría comprometer la confianza entre México y Estados Unidos, así como la disposición de autoridades extranjeras para compartir información sensible en futuras investigaciones.
La Fiscalía reconoció que existe interés público en conocer las actuaciones institucionales relacionadas con el caso, pero consideró que este puede atenderse mediante la información que haga pública oficialmente, sin permitir el acceso a la totalidad de los archivos.
De acuerdo con la respuesta, el Comité de Transparencia de la FGR avaló la reserva el 19 de agosto de 2026, mientras que la resolución de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental fue emitida el 21 de agosto. El plazo establecido es de cinco años, aunque la información podría divulgarse antes si dejan de existir las circunstancias que justificaron la reserva.
El caso mantiene repercusiones en la relación bilateral
Tras la difusión de información sobre el avión y la participación atribuida al FBI, el gobierno mexicano solicitó aclaraciones a las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que mantenía conversaciones con la Embajada de Estados Unidos sobre las circunstancias de la entrega de la aeronave al museo.
El caso se relaciona con uno de los episodios más relevantes de la cooperación bilateral en materia de seguridad y con la posterior disputa interna del Cártel de Sinaloa. Desde septiembre de 2024, la entidad ha registrado enfrentamientos entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “La Mayiza”, en un contexto de homicidios, desapariciones y despliegues de fuerzas federales.
Con la reserva de los documentos, la FGR mantiene bajo confidencialidad información sustancial de sus indagatorias, incluidas evidencias y comunicaciones vinculadas con una operación cuyo desarrollo y grado de participación de autoridades estadounidenses han sido objeto de cuestionamientos públicos.
Con información de: Aristegui Noticias
