La defensa de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, sostuvo que no existen datos de prueba que demuestren que el exfuncionario ordenó, autorizó o conoció la participación de cuatro agentes estadounidenses en un operativo realizado en la entidad, por el que enfrenta un proceso estatal y otro federal por el delito de traición a la patria.
En entrevista, Héctor Villasana Ramírez, abogado del exfiscal, cuestionó la investigación estatal y aseguró que la unidad creada por la Fiscalía General del Estado para indagar los hechos carecía de facultades para investigar delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos. Según el litigante, esa atribución correspondía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Chihuahua.
Villasana también rechazó que Jáuregui Moreno deba ser considerado responsable del operativo por el cargo que ocupaba. Explicó que su representado sabía que se realizaría una intervención para buscar posibles generadores de violencia en la zona, pero sostuvo que desconocía los detalles del despliegue, como el número de agentes, vehículos y armas involucrados.
“De ninguna manera es responsable del operativo en sí mismo”, afirmó el abogado, quien atribuyó la planeación y ejecución de las acciones al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió en un accidente automovilístico después del despliegue.
De acuerdo con la defensa, Oseguera Cervantes tenía entre sus atribuciones diseñar la estrategia para ejecutar la orden e intervenir el sitio donde fue localizado un laboratorio clandestino. Villasana señaló que tuvo acceso a alrededor de 50 antecedentes de investigación y declaraciones de participantes en el operativo, cuyos testimonios, según su interpretación, identifican al entonces director como quien organizó, solicitó y planeó las acciones, además de gestionar la participación de los agentes.
El litigante sostuvo que la Fiscalía estatal pretende vincular a Jáuregui Moreno a partir de la cadena de mando, bajo el argumento de que, como superior jerárquico del director de la Agencia Estatal de Investigación, debía conocer quiénes participaron y habría autorizado la presencia de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, afirmó que las declaraciones revisadas por la defensa, incluidas las de policías estatales, personal militar y peritos, no contienen pruebas que respalden esa conclusión.
Respecto a los cuatro estadounidenses presentes en el operativo, dos de los cuales murieron en el mismo accidente que Oseguera Cervantes, Villasana indicó que al menos seis agentes los identificaron en sus declaraciones como instructores estadounidenses en materia de drones y capacitación en seguridad. Según el abogado, algunos testimonios refieren que impartían cursos desde antes del operativo y que agentes mexicanos también habían viajado a Estados Unidos para recibir formación especializada.
La defensa añadió que, de acuerdo con seis o siete declaraciones que dijo haber revisado, los estadounidenses no habrían participado activamente en las acciones en el lugar del laboratorio, no portaban armas y permanecieron dentro de los vehículos. Villasana aclaró que, según la información a la que ha tenido acceso, tampoco hay elementos que indiquen que una agencia de inteligencia estadounidense proporcionó los datos que condujeron a las autoridades hasta el sitio.
Defensa cuestiona acusación federal por traición a la patria
Sobre el proceso federal, el abogado explicó que la orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno se sustenta en la fracción primera del artículo 123 del Código Penal Federal, relativa a actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero.
Villasana consideró que ese supuesto legal no se configura en el caso de su representado y afirmó que corresponde al Ministerio Público acreditar los elementos del delito. Aunque señaló que la defensa conoce la carpeta de investigación estatal, reconoció que no ha tenido acceso completo a la investigación federal, si bien pudo consultar la orden de aprehensión y parte de las constancias utilizadas para fundamentarla.
El abogado consideró relevante la investigación de Chihuahua para cuestionar la imputación federal, pues, según su versión, esta última se habría nutrido en buena medida de las indagatorias estatales. “Le corresponde a la Fiscalía demostrar de qué manera se puso en riesgo la soberanía del Estado mexicano a través de estas acciones”, sostuvo.
Señalan participación de militares en el despliegue
Villasana confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también estuvieron relacionados con el operativo. De acuerdo con los testimonios incorporados a la carpeta estatal que conoce la defensa, el convoy que salió de Chihuahua hacia la zona hizo una parada en instalaciones militares de Cuauhtémoc, donde se habría coordinado la participación de efectivos de la dependencia.
No obstante, precisó que no ha encontrado declaraciones directas de los militares sobre su intervención, sino testimonios de agentes de la Policía Estatal Investigadora que refieren su presencia y la coordinación previa. Añadió que la documentación revisada no permite determinar si los elementos castrenses participaron únicamente en labores de seguridad o si tuvieron una intervención operativa directa en tierra.
El litigante también sostuvo que el despliegue no fue producto de una coincidencia, sino de una investigación previa sobre la zona, donde existían indicios de posibles actividades delictivas. Sin embargo, aseguró que las autoridades desconocían las dimensiones y características exactas de lo que encontrarían en el sitio.
Jáuregui permanece en el penal del Altiplano
En cuanto a la situación procesal del exfiscal, Villasana informó que su representado se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y que la defensa espera la notificación sobre la audiencia correspondiente al proceso federal.
El abogado manifestó preocupación por la posibilidad de que las audiencias de los procedimientos estatal y federal se desarrollen de manera cercana o simultánea. Explicó que la audiencia relacionada con los hechos investigados en Chihuahua estaba prevista para el jueves, mientras que la formulación de cargos en el proceso federal podría realizarse antes.
A juicio de la defensa, esta situación podría afectar el derecho de Jáuregui Moreno a preparar y ejercer adecuadamente su defensa, debido a que ya no se encuentra físicamente en Chihuahua y debe atender dos procedimientos penales. Villasana aseguró que trabajan en estrategias para evitar esa afectación.
Finalmente, el abogado reiteró su confianza en que los elementos disponibles permitirán demostrar la inocencia de su representado. No obstante, la responsabilidad penal del exfiscal deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Con información de: Aristegui Noticias
