La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el pasado lunes la nueva Ley de Ciencia, aprobada por la vía rápida en 2023. La norma prioriza los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) para quienes trabajan en universidades públicas, bajo la expectativa de que las instituciones privadas absorban ese apoyo. Investigadores del sector privado la consideran discriminatoria y afirman que los clasifica como “ciudadanos de segunda”, pues no hay diferencia entre el conocimiento generado en recintos públicos y privados.
Rechazo de los investigadores
Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, recordó que el SNII surgió en los años ochenta para impulsar la investigación y evitar la fuga de académicos. Brenda Valderrama, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señaló que al crearse el sistema “nunca hubo exclusión” y advirtió que la ley “va a desalentar hacer ciencia de excelencia”. Salvador Venegas, del Tecnológico de Monterrey, que debió promover varios amparos para mantener el estímulo, dijo que ahora es “ciudadano de segunda” y contempla otras fuentes de ingreso. Miguel Ángel Méndez, de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con 25 años en el SNII, indicó que revisará su caso con su abogado y que, de perder el estímulo, colaboraría con una institución pública.
Universidades pequeñas y recursos limitados
La medida de que universidades como la Iberoamericana, el ITAM o el Tec de Monterrey cubran los estímulos fue aplaudida en redes sociales, pero el universo de escuelas privadas es más amplio y con recursos limitados. Un médico cirujano de una universidad de San Luis Potosí, que pidió reservar su identidad por temor a represalias, explicó que trabaja en una privada porque las plazas públicas son escasas y precarias, con contratos de 80 pesos la hora sin prestaciones. Un profesor de Nuevo León, que también pidió anonimato, afirmó que en el país hay decenas de universidades privadas pequeñas con salarios muy bajos y que debía solicitar el ingreso al SNII el próximo año.
Un impacto numérico acotado
Según Maldonado, el número de investigadores del SNII en instituciones privadas es bajo, por lo que la redistribución del recurso supondría poca diferencia. El padrón suma 48 000 integrantes, de los cuales más de 3000 serían afectados. La UNAM tiene 13 552 investigadores en el sistema; el Tecnológico de Monterrey, 1342; la Iberoamericana, 259; el ITAM, 150; La Salle, 110, y la UDLAP, 98.
El peso de los eméritos
Una parte considerable de los recursos la absorben los investigadores eméritos, que son 994 y reciben de forma vitalicia el equivalente a 14 UMA al mes. De acuerdo con una investigación de Valderrama, entre 2006 y 2018 se nombraron en promedio 20 por año, mientras que durante la administración de María Elena Álvarez-Buylla las designaciones oscilaron entre 50 y 118 anuales. Valderrama sostiene que esto convirtió el sistema en uno de retiro, y Venegas considera que la ley crea una “distinción artificial” y que no plantea mejoras para las instituciones públicas. ■ Excélsior
