El activista Juan Manuel Ramos Mejía, fundador del organismo Redes Quinto Poder (RQP), denunció que fue objeto de una agresión cuando desconocidos incendiaron una camioneta de su propiedad frente a la casa familiar.
El vocero de la ONG recordó que en días recientes ha denunciado, a través de RQP, el presunto caso de nepotismo al interior del Gobierno de Nuevo León, en el que la suegra del “Bronco”, María Teresa Martínez Galván, se encontraba inscrita en la nómina de Seguridad Pública del Estado y repentinamente gozó de un incremento salarial que le permitió pensionarse en una sospechosa condición ventajosa.
El caso fue dado a conocer por el periódico El Norte.
Ramos dijo que no tiene pruebas en contra de la suegra de Jaime Rodríguez, aunque considera extraño que este ataque suscitado el pasado viernes en la madrugada, ocurriera luego de que insistiera que se investigara el aumento de sueldo inexplicable, por el cuál hasta presentó una denuncia, junto con otros organismos, ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.
“Fuentes externas nos advirtieron que la señora (Martínez Galván) que denunciamos, ¡aguas! Por eso tomamos precauciones. Del 8 de julio al viernes recibimos en redes unas 10 llamadas que nunca recibimos”, señaló.
Artículo 19, organismo que defiende la libertad de expresión y acceso a la información, difundió hoy ayer el caso de Ramos Mejía, en el que se señala que el pasado viernes a las 6:00 horas, su familia le notificó que una camioneta estacionada frente a la casa, propiedad de ellos, se incendiaba.
El activista dijo que el ataque era sospechoso, pues el vehículo tenía cinco días sin moverse de su lugar, y pese a que en la misma cuadra hay unos 25 autos más.
“Lo que vamos a demandar es que se establezca si esto viene relacionado con nuestra actividad. Pero sí ha habido varias acciones que me sugieran que viene de un acto de represalia, pero no tengo la certeza. Viene esto acompañado de llamadas y otras cuestiones”, expuso.
El vocero de RQP anunció que acudirá el martes a la Ciudad de México presentar una denuncia por estos hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Hasta este domingo por la tarde, Ramos no se había comunicado con personal del Gobierno de Nuevo León.
Personal de Secretaría de Gobernación ya lo contactó para ofrecerle incorporarlo al mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos, por lo que próximamente se entrevistarán para determinar en qué grado de riesgo y qué medidas de protección le proporcionarán.
Finalmente, dijo que la autoridad debe garantizar el derecho de la libertad de expresión para todos, pues la intimidación no ayuda a la democracia.
Con información de Proceso
