Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emplazaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar respuesta efectiva sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en 2014.
En el contexto del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en nombre de los padres de las víctimas de desaparición forzada, Mario César González y Epifanio Álvarez Carbajal, exigieron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez “echarle los kilos” para que el próximo aniversario de la organización que los representa, “estén sentados en estas sillas los 43 muchachos”.
Los padres de los jóvenes desaparecidos dieron así respuesta a los planteamientos que hizo Encinas sobre los sobre avances que ha tenido la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial en diciembre del año pasado.
“Queremos avances más contundentes, ya saber algo de los muchachos, a veces pensamos que no hay avances”, dijo Mario González, padre de César Manuel González Hernández, e integrante también de la Comisión presidencial.
Al reconocer que durante el sexenio pasado hubo un “manoseo de la investigación”, el representantes de los padres, sostuvo que para ellos “lo primordial es conocer el paradero de los muchachos, alcanzar la justicia y conocer la verdad no hay más y eso para nosotros es lo principal”.
Colocados en la mesa principal, junto a Encinas, Mario González se dirigió al director del Tlachinollan, Abel Barrera, tras agradecer el apoyo de la organización, expresó: “Ojalá que el próximo año don Abel, los invitados sean ellos, los muchachos y estén sentados aquí”.
Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, dio cuenta de que si bien los padres y madres de los 43 han visto un cambio entre el trato que recibieron por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y el que han recibido del de López Obrador, recordó que durante la firma del decreto presidencial que dio nacimiento a la Comisión, se le advirtió al mandatario que “la confianza se gana con resultados”.
“No vaya a ser que el decreto sea como las minutas que firmaba Peña Nieto, no queremos que nos digan ‘estamos trabajando’, queremos ver algo de verdad, que nos de confianza, van ocho meses le pedimos que agilice lo más que pueda para llegar hasta donde queremos llegar”, conocer el paradero de los jóvenes, dijo Álvarez Carbajal.
Para esclarecer la desaparición, el representante de los padres recomendó “irnos a las cabezas” y que para empezar “ahí está Tomás Zerón”, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al exponer las dificultades para sobrevivir cinco años con el dolor de no conocer el destino de sus hijos, Álvarez Carbajal instó a Encinas Rodríguez: “échele todos los kilos por estas madres que también sufren demasiado”.
Previo a la exigencia, Encinas Rodríguez sostuvo que su presencia en Tlapa para acudir a la conmemoración del 25 aniversario de Tlachinollan, era para “refrendar el compromiso del gobierno de México para avanzar en el esclarecimiento en torno a la desaparición de los 43”.
Ante los cuestionamientos de otros colectivos de víctimas de desaparición por la atención prestada al caso de los 43 normalistas, Encinas consideró que “lo que suceda con esta comisión, será el punto de partida para esclarecer las violaciones a derechos humanos en este país”.
Según el funcionario, en los últimos ocho meses de operación de la Comisión presidencial se han establecido 15 líneas de investigación, entre ellas el análisis de telefonía desde el día de la desaparición a los seis días siguientes, en el que se revisaron 84 millones de llamadas, estableciéndose “claramente la red de cómo se comportaron los grupos delictivos y cómo se hizo el proceso de desaparición”, de que no hubo comunicación de estudiantes con cuerpos policiacos, que la participación del ayuntamiento de Cocula fue marginal y que la ruta de desaparición “no se movió hacia esa región del estado de Guerrero”.
El funcionario retomó la exhibición del video en el que se aprecia la tortura a uno de los inculpados en el caso mientras era interrogado presuntamente por el exdirector de la Policía Ministerial Federal, Juan Carlos Gómez Arrieta, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien obtuvo un amparo, así como lo hizo el exdirector de la AIC.
El subsecretario sostuvo “todavía estamos enfrentando resistencias del pasado, no por las autoridades actuales”, atribuyendo a los jueces que otorgaron los amparos de esos exfuncionarios las “resistencias y obstáculos”.
Encinas Rodríguez dio cuenta de las reuniones de la Comisión con el exgobernador Ángel Aguirre, con el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco, así como con el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, quien habría proporcionado las bitácoras de las actividades realizadas por el personal miliar del 27 Batallón de Infantería, así como que los elementos de ese cuartel en Iguala, próximamente declararán ante la Comisión y el la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estamos recibiendo información de testigos, de colaboradores, de anónimos, no soslayando ni minimizando ninguna de las líneas de investigación, estamos partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida y estamos continuando con las líneas que permitan deslindar responsabilidades para que las autoridades que violaron la ley o actuaron con negligencia”, sostuvo Encinas.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, invitó a Encinas Rodríguez a “romper el pacto de impunidad y llamar a cuentas a los responsables de los delitos de lesa humanidad”.
Secundó a Mario González al señalar que se espera que “este año o el siguiente, lo más pronto podamos sentar a los 43 estudiantes aquí en primera fila, y que los papás y las mamás vean de frente a sus hijos que sepamos dónde están”.
Agregó: “Lo que se necesita es verdad no simulaciones, Alejandro dijo ‘no viene para ser florero’, esa es la palabra empeñada que tomamos, le estamos apostando en esta coyuntura y al cambio de gobierno, en que se pueda desmontar la estructura delincuencia, el pacto de impunidad y se ponga al centro a las víctimas y a los pueblos, y que no se siga criminalizando a las luchas”.
Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan recordó a Encinas Rodríguez que al gobierno actual no sólo le corresponde dar respuesta a los 43 normalistas, sino que hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pendientes de atender, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla, justicia en los casos de tortura sexual de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, de la tortura de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, asuntos en los que estuvieron implicados miembros del Ejército mexicano.
En la presentación del 25 informe, “Montaña, llena eres de esperanza”, Abel Barrera resaltó que han significado “25 años sin quebrarnos, sin doblarnos, sin haber bajado la mirada para poder vendernos o medio hacer negocios turbios, han sido 25 rounds sin vendernos.
“No hemos dejado que nos noqueen, que nos amedrenten tenemos, para eso cada vez tenemos que acudir a la ONU o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos son ese paraguas para seguir peleando”, puntualizó el defensor.
Previo a la presentación, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quien reconoció en los 25 años de labor de Tlachinollan, su trabajo en “defensa de derechos humanos en un estado con desigualdades tan profundas, de racismo normalizado, con un deterioro terrible de las condiciones de seguridad”.
Señaló que la organización tiene un reconocimiento nacional e internacional “sin gozar del poder político y económico solo del poder moral, pese a que se ha enfrentado a poderes políticos y económicos, y poderes fácticos, con valentía a pesar de los riesgos y con gran responsabilidad”.
A la congratulación por los 25 años de la organización de la Montaña de Guerrero se sumaron el exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Rainer Huhle, quien hizo votos porque el gobierno de López Obrador acepte la competencia de ese mecanismo de la ONU para que se analicen casos individuales, y acepten la visita de los integrantes el Comité.
Asimismo, en la útima mesa previa a la clausura de la celebración, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Claudia Paz y Paz, hizo una relatoría de las aportaciones del grupo, entre ellas la confirmación de que la desaparición de los 43 “no era un tema municipal, hubo presencia de militares, hubo abundantes pruebas de la participación de agentes estatales, federales, y que el encubrimiento y la obstrucción llegaban al corazón del PGR”.
Apuntó que “más grave aún de lo que quería vender el gobierno de Enrique Peña Nieto, la investigación del GIEI develaba esta relación de maridaje entre fuerzas de seguridad, con las fuerzas de investigación, las elites políticas y económicas con el narcotráfico”.
Paz y Paz reconoció que el avance que tuvo el GIEI no hubiera sido posible “sin la fuerza, valor y coraje de los padres y madres de los 43 estudiantes, y de las organizaciones que los acompañan”.
Actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lo que la imposibilita para participar en la Comisión creada en el gobierno de López Obrador para investigar la desaparición de los estudiantes, Paz y Paz se sumó a la expectativa de que sea real el compromiso de los “funcionarios comprometidos, que se mantenga esa alianza y apoyo con las familias y las organizaciones que las representan para encontrar a los 43 y que exista justicia”.
Con información de Proceso
