A nueve años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas podrían ver los primeros avances en lo que respecta a verdad, justicia y reparación del daño, así como el esclarecimiento de identidades de algunos cuerpos localizados en 2010.
Ello, luego de que la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, se comprometió a sentar las bases jurídicas para la creación de una “unidad mixta” de investigación.
Así lo informó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización que representa a familiares de los 72 migrantes masacrados, así como de víctimas de otras matanzas en Tamaulipas.
En entrevista con este medio, Delgadillo dijo que se realizó una reunión –presidida por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que asistieron consejeros del organismo– con autoridades de la extinta Procuraduría General de la República y del gobierno de Tamaulipas, para revisar el nivel de cumplimiento de la recomendación 80/2013 y buscar una salida efectiva para casos de masacres como la de San Fernando, con el fin de que las familias en realidad encuentren verdad, justicia y reparación.
La reunión, realizada este mediodía, luego de que los familiares de los 72 migrantes protestaron frente al Palacio Nacional, se realizó a petición de la FJEDD y a ella acudieron funcionarios de alto nivel como Herrerías y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
También asistieron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional contra la Discriminación, Amnistía Internacional y personal de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), además de académicos y miembros de la sociedad civil.
Después de que González Pérez advirtió que la recomendación seguía abierta, porque no tenía niveles aceptables de cumplimiento “en lo que tiene que ver con la investigación, la atención a víctimas, en el tema forense y todo el tema de prevención”, familiares de las víctimas hablaron de su sufrimiento en la búsqueda de justicia y de la revictimización a la se han visto expuestas cada año, “simplemente con el trámite de sacar visas humanitarias” para venir a México a expresarse, narró Ana Lorena Delgadillo.
Las familias, dijo, también hablaron de los obstáculos que han encontrado, sobre todo para la atención de enfermedades o el cuidado de huérfanos, o para que los cuerpos sean exhumados en Guatemala y Brasil, donde existen dudas de que los restos que les fueron entregados correspondan a sus familiares.
Además, “expresaron que les parece increíble que no haya en lo más mínimo justicia, que no haya una sola sentencia firme ni de avance, pues ni siquiera tienen las copias del expediente, y que se les ha dicho que no hay recursos, cuando el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha señalado que para el tema de graves violaciones a derechos humanos no hay límites en recursos”, resaltó la abogada.
Después de la larga exposición y luego que la FJEDD presentó una propuesta basada en la nueva Ley Orgánica de la FGR para crear “unidades mixtas de investigación”, la fiscal Herrerías se comprometió a explorar la figura jurídica para que quede establecida una unidad especial “que abordaría de entrada los casos de los 72 de San Fernando y la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, ocurrida en 2012”.
Delgadillo apuntó que, en presencia de personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), “la fiscal se comprometió a buscar el mecanismo o el acuerdo legal adecuado para que otros casos que lleva la Seido, también sean investigados por la misma unidad”.
Los casos propuestos por la FJEDD, en los que están involucrados migrantes, para que se integren en la unidad, serían los hallazgos de 47 fosas con 195 restos, también en San Fernando, Tamaulipas, localizadas en 2011, y el de tres fosas con 16 cuerpos en Güemez, Tamaulipas, en 2015.
La propuesta a la que se le dará forma jurídica consiste en crear un “equipo de trabajo” e involucrar a expertos, como la Comisión Forense en la que está integrado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), además de investigadores de universidades y observadores –como la ONU-DH y Amnistía Internacional–, para “trabajar los casos como fenómeno, no como casos separados, sino de manera articulada”.
Tras señalar que aún no está establecido hasta dónde podrían colaborar los expertos en las investigaciones, Ana Lorena Delgadillo explicó que por el momento la FJEDD ha conversado del proyecto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Sociales de Occidente (ITESO).
En la reunión “reconocimos los esfuerzos de la fiscal y del titular de la Unidad de Migrantes de la FGR, Javier Pérez Durón –quien se comprometió a dar las copias del expediente–, para apoyar estos nuevos esquemas de investigación, contemplados en la ley, pero dejamos claro que la voluntad de dos personas es insuficiente para mover lo que se necesita para garantizar a las familias el acceso a la justicia”, puntualizó.
De igual manera, la abogada destacó que, además del ofrecimiento de la fiscal de darle forma jurídica a la unidad mixta, surgieron compromisos por parte del subsecretario Alejandro Encinas para garantizar el acceso a las visas humanitarias, con el fin de que las familias de los migrantes masacrados accedan al país sin complicaciones, así como solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que puedan acudir a los consulados y embajadas de México para realizar trámites y plantear necesidades.
Pamela Romero, encargada de despacho de la CEAV, reconoció las fallas burocráticas del organismo para atender a las familias de los 72 migrantes, integradas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y se comprometió a atenderlas.
En su oportunidad, el presidente de la CNDH se comprometió a realizar reuniones periódicas para revisar el cumplimiento de la recomendación y someter al Consejo del organismo las respuestas que den los funcionarios sobre el avance del instrumento recomendatorio.
De acuerdo con Delgadillo, la próxima reunión estaría programada para dentro de mes y medio, para establecer con claridad la figura jurídica y, sobre todo, la metodología de investigación de la unidad mixta.
“Lo que les dijimos es que esto es un ejercicio de voluntad; hay mucha voluntad de fuera de las universidades y de las organizaciones sociales de participar para que esto se esclarezca, y si la voluntad de la fiscalía nos lo permite, podríamos avanzar un poco más.
“Si esto funciona habremos impulsado, junto con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, nuevas metodologías para darle respuesta a las familias, para que ya no haya impunidad y no ocurran otra vez hechos tan lamentables”, concluyó la abogada.
con información de Proceso
