El director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, le entró ayer aquí a la polémica sobre la legalización del matrimonio igualitario e instó a repensarlo, al margen de los prejuicios, como un asunto de desarrollo económico.
En Yucatán, estado gobernado por el PAN, el Congreso local, de mayoría priista, frenó ya en dos ocasiones, en este mismo año, la legalización de los matrimonios igualitarios, tema por el que grupos conservadores y defensores de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual libran una batalla legal.
En su intervención en el acto oficial de la firma del convenio entre el Infonavit y el gobierno del estado, Martínez Velázquez, sentado junto al gobernador Mauricio Vila Dosal, fijó su postura a favor de la legalización de las uniones entre personas de un mismo género y criticó los obstáculos que se le han puesto.
Recalcó que el Infonavit flexibilizó sus reglas “para otorgar créditos que se adapten a la realidad de las familias mexicanas, y aquí es a todo tipo de familia. Ya el INEGI ha determinado que hay más o menos 13 tipos de familias en el país”.
No obstante, señaló, “muchas veces cuando se discuten legislaciones locales, los diputados no se dan cuenta que al negar, por ejemplo, el matrimonio igualitario entre dos personas están limitando los derechos económicos y sociales”.
Destacó que lo anterior, en el caso del Infonavit, impide “la posibilidad de que dos personas que deciden unirse en matrimonio, independientemente de su preferencia, puedan comprar una casa conyugal, y eso significa tener más crédito, más monto para acceder a un patrimonio de mayor valor”.
“Entonces aquí se tiene que hacer claramente un trabajo para todas las familias, porque significa los derechos económicos y sociales de todos”, exhortó.
Por otra parte, advirtió que el Infonavit implantará en 2020 reglas más estrictas de operación y ya no habrá financiamiento para los desarrolladores de vivienda que no satisfagan los estándares de calidad “y que vean como vender si es que quieren vender”.
“No se van a dar créditos, no se va a dar financiamiento, sino se cumple con los estándares de calidad, de cercanía, de ubicación, de accesibilidad, de adecuación cultural de la vivienda, los trabajadores de Yucatán no pueden tener la misma casa que los trabajadores de Nuevo León”, aseguró.
“Nunca más se financiará la construcción de ciudades fantasma con el dinero de los trabajadores”, garantizó.
Dijo que los empresarios de la vivienda estaban acostumbrados a ganar hasta el 27% por cada operación que concretaban mediante créditos del Infonavit, pero ya no será así porque la nueva política federal es apoyar a los trabajadores para puedan lograr un patrimonio.
Comentó que la intención es devolverle al Infonavit su sentido social.
“En el Infonavit, los intereses de los desarrolladores nunca más estarán por encima de los trabajadores de México y de Yucatán”, insistió.
Dijo que por otra parte se están flexibilizando las reglas para otorgar créditos que se adapten a la realidad de los trabajadores y se están incrementando los montos máximos del crédito que se otorga a quienes ganan hasta 7 mil pesos.
Informó que además se trabaja en los cambios de créditos de salarios mínimos a pesos, otorgando descuentos al saldo con un esquema de pago y tasa fija a través del programa de Responsabilidad Compartida.
En ese sentido, mencionó que a la fecha 50 mil acreditados ya recibieron los beneficios del programa en el país, de los cuales, más 2 mil son yucatecos.
Entrevistado al término del evento, reconoció que el tema del matrimonio igualitario es un asunto de ejercicio de derechos y de perspectiva económica.
“Porque luego aquí se quejan los desarrolladores de que no venden y pues es una forma también de vender, porque permites a dos personas juntar su capacidad de crédito y eso te permite ampliar o tener una casa en lugar de 400 mil pesos, una casa de 800 (mil). Yo creo que es importante pensarlo también como un asunto de desarrollo económico”, opinó.
Sobre la postura en contra que han adoptado algunos congresos estatales, el funcionario sugirió a los legisladores: “si traen allí sus prejuicios (los diputados), que no me voy a meter, que lo vean como un asunto económico”.
Argumentó que se trata de evitar distinciones y sentimientos de exclusión, “porque la casa es un derecho fundamental”.
Con información de Proceso
