Ante la omisión de autoridades de la Auditoria Superior del Estado, ASE, del Congreso del Estado y del municipio de Rioverde, se le deben 2 mil millones de pesos a un ex trabajador de ese ayuntamiento de nombre Margarito Ortíz Saldivar, lo peor de esto, es que la deuda sigue creciendo ante la pasividad de las autoridades que sólo se han mantenido como espectadores.
Esto es lo que denunció, Juan José Frías Aguilera miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., quien detalló que derivado de la irresponsabilidad y falta de interés de las autoridades legislativas y fiscalizadoras de la ASE, el Municipio de Rioverde, tiene en grave riesgo sus finanzas y sus bienes.
A consideración, el Síndico Municipal, Ulises Ledesma Salazar, debería de ser prudente, ya que recientemente manifestó que el adeudo es por mil 200 millones de pesos, cuando la cantidad actualizada ronda los más de dos mil millones de pesos, además manifiesta que se sigue litigando ante el tribunal tratando de convencer al Juez, hecho que también es falso, ya que no existe ningún proceso judicial en trámite, solo pretenden retardar o alargar el proceso de embargo, toda vez que ya se tiene una sentencia ejecutoriada y firme, dentro del expediente No. 36/2000 que se sigue ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del municipio de la zona media.
“Es posible que en cualquier momento se lleve a su ejecución de manera total, recordemos que ya se le embargaron en diversas ocasiones varios inmuebles, citando como ejemplo el terreno de la feria, otro terreno por la supercarretera, y pagos parciales en consignación que se han realizado ante el juzgado, pero que en la realidad lo que se está haciendo es solo entretener de manera inútil, ante la falta de voluntad por buscar una negociación definitiva”.
Ha habido desinterés en el tema, puesto que el quejoso se ha dicho dispuesto a aceptar una negociación, e inclusive se sabe que existe un convenio de pagos parciales además hay una acta de cabido del año 2000 donde se ordena buscar un acercamiento con el afectado, sin embargo por intereses políticos y mezquinos de los ex funcionarios de los diferentes partidos, no ha sido posible un arreglo.
“Los bienes que el funcionario público municipal, menciona son inembargables, hecho que es totalmente falso, toda vez que de manera irresponsable nunca realizaron desde que se generó dicho adeudo el Registro Contable con el Acreedor, y peor aun agravando la situación, no han sabido llevar dicho registro de manera armonizada conforme a lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual dispone que dicho pasivo se debió registrar en tiempo y forma desde que se tuvo conocimiento del adeudo, pero mayor responsabilidad tiene esta administración municipal, ya que quien encabeza a ésta, es José Ramón Torres García, quien derivado de una reelección a su mandato está repitiendo en el cargo, por lo cual junto con sus colaboradores como los síndicos así como el tesorero, incurren en responsabilidad civil, penal administrativa y hasta política, ya que esta es de considerarse como causa grave, por lo que concierne a los regidores estos estarían incurriendo en Encubrimiento y Complicidad, por no realizar una revisión precisa y exacta de los Estados Financieros”.
Lo anterior se deriva de una solicitud que se presentó ante el Modulo de Transparencia de dicho Municipio desde el pasado 1 de agosto de este año, en la cual se pidió la Información correspondiente, ya que al pretender ingresar al portal de Internet, dicha información no fue encontrada, violentándose la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la Ley de Transparencia, también se violenta la Ley de Disciplina Financiera y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, los cuales exigen el cumplimiento con puntualidad, los registros mismos que deben manifestarse en los Estados Financieros el manejo y Control de Deuda Pública.
Existe el riesgo que intervenga un profesionista que si conozca de la materia y que con decisión y carácter exija el pago total y la ejecución del adeudo, incluso procede y es posible una demanda de Juicio Político por omisión de al actual Cabildo Municipal.
“Es una pena que la Auditoría Superior del Estado, al no brindar la asesoría profesional que le corresponde, pero sobre todo exigir que se realicen los informes dentro del marco de la Ley, se muestra como simple espectadora, ya solo le falta aplaudir, pues de un hecho conocido, no exige el cumplimiento al Estado de Derecho y no se aplican las sanciones que corresponden a los funcionarios públicos involucrados, siendo cómplice por omisión en los hechos de corrupción e impunidad, y no menos responsabilidad tienen los diputados de la actual legislatura, principalmente la Comisión de Vigilancia que se supone es quién vigila a la Auditoría Superior del Estado”.
