Acuden funcionarios que forman o formaron parte de las dependencias estatales que aún tienen pendientes, así como de municipios. Los presuntos responsables, aportarán elementos de defensa.
Una vez valoradas las pruebas, la ASE emitirá resolución determinando la existencia o no de responsabilidad, paralelamente, las contralorías internas deben proceder por observaciones que no causan daño a la hacienda pública.
A la par del avance que la Auditoría Superior del Estado lleva en la revisión de las Cuentas Públicas 2018, en estos momentos los auditores se encuentran además dando seguimiento a las observaciones financieras que causan daño a la hacienda pública, relacionadas con los resultados de las Cuentas Públicas 2016. Lo anterior con base en lo dispuesto por la Ley de Auditoría Superior del Estado; normativa que aplica en la fiscalización del mencionado ejercicio.
Como parte del procedimiento, los presuntos responsables, que pueden formar parte de las diferentes dependencias estatales o de los municipios, acuden a las audiencias previstas por la Ley de Auditoría, para que opongan defensas, ofrezcan pruebas y realicen los alegatos que a su derecho convengan, relativos a las observaciones notificadas.
Una vez valoradas estas manifestaciones y pruebas ofrecidas por los presuntos responsables, la ASE estará en posibilidades de emitir la resolución correspondiente, determinando la existencia o no de responsabilidad, para en su caso, proceder al fincamiento de las sanciones
respectivas.
Paralelo a estos procedimientos que la ASE lleva a cabo, los órganos internos de control adscritos a cada ente auditable, están obligados a atender conforme a ley, las observaciones administrativas que no causan daño a la hacienda pública.
Las labores que la ASE efectúa en relación con el fincamiento de responsabilidades derivadas de la revisión al ejercicio 2016, ocurre una vez que el Congreso del Estado aprobó los informes finales de auditoría correspondientes a los tres poderes del Estado, 57 municipios, 11 sistemas municipales DIF, 23 organismos descentralizados municipales de agua, tres institutos municipales de vivienda y cinco organismos autónomos.
