Un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el abogado Juan Collado Mocelo, mediante el cual pretendía objetar la autorización que un juez de control dio a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer sus estados financieros.
Dicha solicitud presentada por la PGR, indexada en el expediente 312/2019, fue concedida el pasado 10 de septiembre, por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Acusado por manejo de “recursos de procedencia ilícita” y “delincuencia organizada”, Collado impugnó la resolución y solicitó medidas cautelares al Juzgado Décimo Primero de Amparo en Materia Penal, con la intención de que la FGR no accediera a su información financiera.
Finalmente rechazaron otorgarle las garantías solicitadas: la suspensión.
Tras presentar un recurso de queja, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, también decidieron declinar la protección, ya que consideraron que “no es posible afirmar que el acto reclamado sea ostensiblemente inconstitucional”.
En la sesión, éstos señalaron que si bien “la naturaleza del acto permite la suspensión de la ejecución de la técnica de investigación”, la defensa de Collado no acreditó que se estén violando sus derechos constitucionales y, se corría el riesgo de negárselo a la FGR para “coadyuvar” en las pesquisas.
El pasado 10 de julio se conoció que, el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa lo denunció por la suplantación de identidad, despojo y lavado de dinero producto en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V S.P.F.
De acuerdo con los fiscales, desde el año 2010, Collado, en compañía de José Antonio Rico Rico, expresidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, constituyeron dicha empresa “para simular operaciones financieras y blanquear recursos”.
Por este motivo, la FGR aporta elementos para mantenerlo en prisión según la carpeta de investigación FED/SIEDF/UNAI-CDMX/0000949/2019; en tanto, el litigante busca revertir el auto de vinculación a proceso.
El pasado 10 de septiembre, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, impuso prisión preventiva oficiosa a José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, quien fueran socios de Collado Mocelo en Caja Libertad Servicios Financieros.
La decisión estuvo a cargo de Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, a quien señaló como probables copartícipes del abogado Collado Mocelo, en los delitos de “delincuencia organizada” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Con información de Proceso
