En el año 2035, México tendrá entre 20 y 24 millones de adultos mayores. El Presidente AMLO ha dicho que no aumentará la edad legal de retiro (65 años) durante su sexenio; pero en los próximos 16 años, la quinta parte de los adultos mayores será pobre y uno de cada tres deberá trabajar para sobrevivir o complementar su pensión.
De acuerdo con cifras del Gobierno Federal y organizaciones internacionales, el panorama mexicano de cara a 2035 será dicotómico: la pobreza y la desigualdad irán a la baja, aunque la economía informal y la insuficiencia del sistema de pensiones irán al alza.
En los próximos 16 años el número de adultos mayores en México se duplicará y el mercado laboral del país cobijará a 7.9 millones de trabajadores de la tercera edad. Para entonces será el año 2035 y dos de cada 10 mexicanos tendrán al menos 65 años. Este ejército de adultos mayores estará compuesto por personas que lucharán por salir adelante, muchos de ellos sin una pensión, en la informalidad o sumidos en la pobreza, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por este medio digital.
Las proyecciones a futuro, empero, son alentadoras hasta cierto punto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que en el año 2035, México tendrá la mitad de pobres que en la actualidad. Asimismo, las cifras del Gobierno federal y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la población sin seguridad social decaerá en 28.7 por ciento.
Lo anterior es de suma importancia considerando que la cobertura y suficiencia de los sistemas de protección social en la vejez están relacionadas con las tasas de pobreza en adultos mayores, refiere la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Tanto la Consar como la OCDE señalan que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Pero en la actualidad estas condiciones son insuficientes.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) refieren que sólo el 26 por ciento de la población mexicana –o 13.4 millones de personas– tiene ingresos mensuales superiores al gasto corriente de los hogares en México (10 mil 638 pesos al mes). Esto incluye gastos de alimentos, bebidas y tabaco; transportes y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda y combustibles; cuidados personales y de la salud; artículos y servicios del hogar; vestido y calzado, además de micro-gastos.
Asimismo, las cifras de Cepal y Consar indican que la mitad de los adultos mayores en México (más de 7 millones de personas) están pensionados, ya sea por haber ahorrado durante su vida laboral (39 por ciento de los casos) o por ser beneficiarios de programas sociales (61 por ciento de los casos). Sin embargo, apuntan que los ingresos promedio de los pensionados, que van de 610 a 5 mil 865 pesos al mes, son insuficientes para sobrellevar la vejez sin un ingreso adicional, en la mayor parte de los casos.
Esto nos lleva al último punto: el trabajo en la vejez y la economía informal.
Hoy en día cerca del 9.4 por ciento de los trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada tiene al menos 65 años de edad. Se trata de 4.9 millones de adultos mayores que trabajan de manera voluntaria o por necesidad. A este grupo demográfico se sumarán tres millones de personas en los próximos 16 años, la mitad de ellos ocupados en la economía informal que, para el año 2035, habrá crecido en 25.5 puntos porcentuales, de modo que el 45.2 por ciento de la PEA ocupada –de 67.4 millones de mexicanos– será informal.
La falta de ingresos suficientes (durante los años laborales) y de control de las finanzas personales, además de la imposibilidad de ahorro limitarán la calidad de vida de los adultos que en la próxima década y media serán considerados adultos mayores con edad legal de retiro.
En el año 2035 habrá, de esta forma, un población aproximada de 5.3 millones de personas de la tercera edad en situación de pobreza. Además, el país tendrá que lidiar con el futuro incierto de 42 millones de mexicanos con al menos una carencia en materia de seguridad social.
La jubilación y la indemnización por vejez forman parte de las bases mínimas de la seguridad social en México (artículo 123 constitucional, apartado B, inciso XI) y el otorgamiento de pensiones debe de ser –previo cumplimiento de los requisitos legales– garantizado por el Estado (artículo 2 de la Ley del Seguro Social).
Cuando una persona no goza de pensión o jubilación y no es familiar de un derechohabiente, o cuando alguien de 65 o más años no dispone de esos beneficios ni es beneficiario de algún programa social para adultos mayores, existe privación de seguridad social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el Coneval, la PEA con ingresos sin registro ante el IMSS y aquella no asalariada e independiente sin registro voluntario y con Afore, también constituyen casos de privación de seguridad social, se lee en el estudio (2018) “Pobreza y Derechos Sociales en México”.
“Disponer de un ingreso seguro y suficiente durante la vejez es una aspiración generalizada, aunque hacer contribuciones o ser parte de alguna de las instituciones de seguridad social que ofrecen estos beneficios es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar que el derecho respectivo llegue a ejercerse”, refiere el Consejo.
Con información de Sin Embargo
