Según los propietarios de varias tortillerías, el Cártel de Santa Rosa de Lima exige pagos únicos de entre 30 mil y 500 mil pesos, además de pagos mensuales de tres mil a cinco mil pesos mexicanos.
Aunque el Cártel de Santa Rosa de Lima se ha llevado la peor parte en la guerra contra el robo de combustible emprendida por el Gobierno de México, ha usado el poder que le queda en el estado de Guanajuato para echar mano de otra lucrativa economía criminal: la extorsión.
El paso del Cártel a la extorsión se robó sus primeros titulares en septiembre, cuando ocho de sus miembros fueron detenidos por extorsionar a “tortillerías” y taquerías en Celaya, Guanajuato, según informó Televisa. Presuntamente las autoridades también descubrieron el centro de operaciones de la banda, de donde incautaron dinero, computadores, armas y vehículos, así como los registros de los negocios que extorsionaban. Los hallazgos mostraron que la banda también tuvo actividad en la extorsión en otros ciudades del Estado, como Salamanca y Villagrán.
Carlos Zamarripa, Fiscal General de Guanajuato, declaró a la prensa que sus analistas están procesando “documentos y hojas con listas de las víctimas y locales comerciales”.
Una serie de ataques ocurridos en Celaya en el mes de agosto parecían relacionados con estas tácticas extorsivas. Varios ataques armados a dos establecimientos, dejaron un saldo de cuatro muertos y un herido, informó Milenio. En el restaurante Indita, en Lago Zirahuén, varios pistoleros abrieron fuego y asesinaron a tres mujeres que trabajaban en el establecimiento. La cuarta víctima fue un cliente de un depósito de materiales para construcción en la carretera panamericana. Otro ataque en la tortillería Perlita terminó causando daños a la propiedad, pero no se registraron pérdidas de vidas.
Esto motivó una huelga general de tortillerías en Celaya, donde muchos cerraron en protesta por la violencia de la que son objeto.
Con información de Sin Embargo
