En México, pese a los esfuerzos para capacitar a juezas y jueces con perspectiva de género y de la existencia de normativa en la materia, la justicia continúa emitiendo fallos favorables a los agresores y severos para las mujeres.
Cimacnoticias realizó una investigación sobre 11 casos en 11 entidades de la República Mexicana que dan cuenta de esta práctica, la cual puede consultarse a profundidad en www.cimacnoticias.com.mx
OAXACA
El 11 de octubre, 2015, Alicia fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su ex pareja. Éste fue sentenciado con una condena mínima. No se tomaron en cuenta los intentos previos de asesinato, violación y maltrato; tampoco hubo reparación del daño. A raíz del ataque, ella tiene una discapacidad en el brazo, la vista y el oído y sobrevive con 120 pesos al día que gana como empleada del hogar. “De por vida quedé mal. La actuación de los jueces fue insuficiente”.
COAHUILA
Un notario público desapareció y fue asesinado. Su esposa, que vivía separada de él, fue acusada del homicidio y sentenciada a 35 años de prisión, aunque ella niega haber cometido el crimen. En su sentencia, el juez consideró que “falló en su calidad de amada esposa”. La familia del occiso es ampliamente conocida en esferas gubernamentales. Ella está en reclusión desde 2016.
TLAXCALA
Renata tenía 22 años de edad y un hijo pequeño cuando se enamoró de Ricardo, quien le prometió que vivirían juntos y felices. Se casaron y pronto le dijo que no tenía dinero así que la mandó a San Luis Potosí donde la obligó a prostituirse. Él se llevó al niño y la amenazó con que no volvería a verlo si no seguía “trabajando” para él. Renata lo denunció pero en el proceso su palabra no fue suficiente para comprobar su culpabilidad. El juez no analizó el contexto de violencia que vivió. Fue sentenciado a ocho años de prisión y al pago de una multa por 46 mil pesos, que no se compara con los más de 170 mil pesos que ella le dio durante los 172 días que fue víctima de trata.
MORELOS
María Luisa lleva 21 años en prisión por un delito que no cometió. En 1998, cuando acudió a una cena con su entonces pareja, un grupo antimotín los arrestó acusándolos de secuestro. A ella la torturaron sexualmente. Las pruebas clave en su juicio fueron sembradas e inducidas, pero el juez las tomó en cuenta, no así el contexto de pobreza que no le permitió una defensa adecuada. Sus hijos quedaron desamparados y no se implementaron medidas que respondieran a los efectos de tortura.
VERACRUZ
Reyna y “María” tuvieron un parto espontáneo extrahospitalario. Ambas pasaron años en la cárcel condenadas por homicidio agravado. Al ser condenada, Reyna solo hablaba náhuatl y no tuvo traductor. “María” venía de una zona marginada y su embarazo fue producto de una violación. En ambos casos, el juez basó su sentencia en estereotipos sobre la maternidad, asumiendo que su intención fue cometer un asesinato, pero nunca consideró el contexto.
SAN LUIS POTOSÍ
Sanjuana fue sentenciada a 30 años de prisión por secuestro agravado luego de un proceso plagado de irregularidades. Su pareja la obligó a cobrar un dinero, que luego se supo, era el pago de un rescate de una víctima de secuestro. Los jueces nunca revisaron el contexto específico de Sanjuana o la violencia psicológica que vivió por su pareja. Ella no sabía que él trabajaba con el crimen organizado. Lleva 10 años en prisión y ahora aspira a un indulto del gobernador.
PUEBLA
Rosario Mariano Ortega tiene más de 15 meses de no ver a su hijo Kaleb, de ocho años de edad. El juez de lo civil en Teziutlán, Puebla, decidió mandar a Kaleb a vivir con su padre en Ecuador, a pesar de la violencia familiar que vivieron ambos. El juez no tomó en cuenta las pruebas documentales que presentó la madre, pero sí creyó en la declaración del padre, presentada sin pruebas. Tampoco tomó en cuenta el riesgo para el niño y su derecho a una familia.
SONORA
Una mujer fue atacada con golpes, patadas, jaloneos. El agresor fue condenado al pago de una multa por mil 800 pesos por “lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida”. Como alternativa, la jueza concedió 31 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. La autoridad no valoró los antecedentes de violencia.
GUANAJUATO
Una menor de 16 años de edad fue agredida sexualmente. Pese a las periciales, el examen médico y dos peritajes psicológicos que establecieron un daño emocional, fue revictimizada durante el proceso, y la jueza dictó sentencia absolutoria para el agresor argumentando que “su testimonio no era verosímil porque no se resistió lo suficiente”.
Con información de Milenio
