El Congreso de la Ciudad de México sólo ha realizado la mitad de las auditorías correspondientes a este año, a pesar de que se puso en marcha la Ley de la Auditoría y Control Interno y se creó el Sistema Local Anticorrupción en octubre pasado.
De acuerdo con documentos de la Contraloría Interna del Congreso, 57% de las revisiones se han hecho a unidades administrativas, las cuales revelan el uso de recursos públicos así como las buenas prácticas administrativas.
“El objetivo es realizar auditorías a las Unidades Administrativas que integran el Congreso de la Ciudad de México, a fin de promover la eficiencia en sus operaciones, así como buenas prácticas administrativas y el uso adecuado de los recursos públicos, vigilando que se lleven a cabo conforme a los programas, procedimientos y ordenamientos normativos aplicables a cada una de ellas”, precisa el órgano legislativo en sus objetivos institucionales.
Jorge Gaviño Ambriz, diputado e integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aseguró en entrevista que Contraloría le informó que dichas auditorías –correspondientes al corte del mes de septiembre- actualmente ya tienen un avance de 80%, pero sin mostrar documento alguno.
Además, el legislador local resaltó la nula rendición de cuentas que hay en distintas dependencias del gobierno de la ciudad, ya que no suben información a la plataforma de transparencia, lo que viola el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la capital.
“(En la ley se) establece que los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas correspondientes”, dicta la norma.
Sin embargo, dependencias como la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), así como la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), no han revelado indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos, metas y resultados de forma trimestral.
“Suben información a las plataformas de transparencia a cuentagotas; además, no se tienen procesos adecuados y no hay información de todas las licitaciones. Contraloría Interna y la Secretaría de la Función Pública (SFP) deben iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos que no han informado adecuadamente sobre el uso de recursos, porque de lo contrario va a quedar impune.
“Es un tema que ha quedado a deber la 4T en la Federación y en la Ciudad de México. Vamos a esperar que en los próximos meses se pueda consultar todo el recurso que ha gastado cada dependencia, porque hay muy poco avance en materia financiera y presupuestal, ya que todos los órganos gubernamentales tienen un subejercicio terrible; ellos dicen que van a gastar, pero lo importante no es eso, sino saber en qué se utiliza el dinero”, puntualizó Gaviño.
A pesar de que desde inicio de año se trabaja en el Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México y de que ya se han nombrado magistrados e integrandes del comité coordinador, a la fecha, no cuenta con un fiscal que encabece la institución.
Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, señaló que el Consejo Judicial Ciudadano es el encargado de dar nombramiento al fiscal, y apuntó que desde octubre se instaló el sistema.
“Nos falta el fiscal anticorrupción, pero ya sale de la esfera del Congreso, porque lo que dicta la Constitución es que el Consejo Judicial Ciudadano es quien debe nombrarlo; actualmente está en el proceso de elección del fiscal general”, señaló.
Con información de Publimetro
