Componer las condiciones laborales, deterioradas por décadas de desgaste del salario y aumento de la informalidad, no es algo que pueda lograrse en el corto plazo, afirman especialistas. En el primer año del nuevo gobierno se ha registrado un incremento al minisalario que multiplicó por cuatro el de la inflación, y 11 meses en que las revisiones contractuales se han saldado con aumentos superiores a los de los precios. Se mantienen los niveles de informalidad y un ligero repunte de la tasa de desempleo, según datos oficiales.
El mercado laboral se ha comportado en línea con el estancamiento de la economía. No ha reflejado mejoras ni deterioros considerables en el último año, reportaron especialistas. Informalidad, desocupación y creación de empleo formal “siguen la misma tendencia que traían el año pasado”.
Al centro, el mayor pendiente que se arrastra es la informalidad, en la que se encuentran seis de cada 10 trabajadores mexicanos, y un salario que por 30 años perdió más de 70 por ciento de su poder adquisitivo, sin que los incrementos, hasta ahora, puedan regresar valor, explicó Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas.
En noviembre de 2018, bisagra del cambio de administración, la desocupación estaba en 3.2 por ciento y en octubre anterior pasó a 3.65. La informalidad, de 57.1, bajó a 56 por ciento, y la subocupación subió de 7.1 a 7.5 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El promedio del empleo formal va en 20 millones 405 mil 525, por arriba de los 19 millones 982 mil 627 con que medió el año pasado. Pero, reflejo de lo que sucede por actividad económica, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social exhibe que el empleo formal en la construcción y las industrias extractivas ha caído en 21 mil 968 y mil 818 puestos, respectivamente.
El cambio amplio es el incremento de 16 por ciento al salario mínimo este año, que dio pie a que las revisiones contractuales avanzaran más que la inflación, la cual se desaceleró a lo largo de 2019, apuntó, por separado, Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla.
En la frontera norte del país, al duplicarse el salario mínimo, algunas empresas pretextaron que no se podrían pagar los incrementos. Esa situación no espera para 2020, dado que el incremento de 5 por ciento que se pide para el año próximo apenas servirá para que no pierdan valor las nuevas remuneraciones.
De acuerdo con Berenice Ramírez, el mercado laboral debe leerse de manera histórica. Moverlo de la tendencia acumulada por años no se prevé en el corto plazo. “Viene de cuatro décadas con deterioros estructurales muy profundos. Componer eso requiere tiempo”, expresó.
El mercado laboral mexicano tiene muchos años deprimido. Las personas no cuentan con acceso a seguridad social y es una “situación que ha venido tolerando el gobierno”, agregó.
La narrativa que amalgama esto es hacer competitivo al país para la inversión –la rentabilidad para el sector empresarial–, anclado en restar a los trabajadores.
“En términos de formalización, van a pasar muchísimos años y además va a ser imposible por la forma en que está el mercado laboral. Seguir con que el país va a seguir compitiendo con bajos salarios amplía una sociedad poco articulada, desigual y poco competitiva”.
Recalcó que una de las premisas que tiene en puerta el gobierno actual es eliminar la subcontratación y que toda plaza creada sea con protección social. Por años, comentó, la informalidad ha sido la válvula de escape del mercado laboral. Sin esos trabajos, el desempleo explotaría hasta 15 por ciento.
Calderón Chelius explicó que si bien el mercado laboral “se ha estancado”, incorpora dos dinámicas nuevas: el incremento del salario mínimo y las revisiones contractuales, que han beneficiado a las personas que ganan menos.
“Lo que vivíamos antes era atípico, que no había huelgas y las condiciones de los empleados se seguían deteriorando”.
Aseguró que el incremento de este año al salario mínimo “permitió que estuviera prácticamente al nivel del costo de pobreza individual”, pero no alcanza para mantener a una familia. La brecha para cumplir con una línea de bienestar mínimo implica llevar el indicador a un rango de 550 a 600 pesos por día del actual 102.68. “De ese tamaño es el rezago”.
El aumento que se propone para el año próximo, de 5 por ciento, apenas adjuntará la inflación, consideró. Si los incrementos no continúan de forma consistente, la iniciativa quedará con la que arrancó este gobierno: “en una llamarada de petate”.
En este contexto, una de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador es el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro. “Hay muchos nuevos empleos que no se miden. Por ejemplo, si tenemos 900 mil jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3 mil 600 pesos mensuales, ¿eso es empleo o no?”
Berenice Ramírez opinó que no, y que la metodología de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi cuenta con los apéndices para no incluir ese tipo de actividades.
La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que de ese programa aún no se puede resolver nada, sino hasta mediados de 2020, cuando se observará si los jóvenes fueron incorporados al trabajo formal.
Calderón Chelius aseveró que si bien esas personas “no están en la informalidad propiamente” y el programa implica un ingreso hacia un sector importante de personas, aún es temprano para calificar ese proyecto.
Hasta ahora sólo se pueden clasificar como “trabajos precarios y mal pagados”. Traducir la capacitación en trabajo formal es el “reto enorme” de la actual administración, consideró.
Con información de La Jornada
