Es oscuro el panorama para las universidades públicas del país en 2020. Reducción del Presupuesto, crecimiento de hasta un 300 por ciento en la matrícula y personal docente, desorden en el sistema de pensiones, prestaciones exorbitantes, incumplimiento en el sistema de financiamiento sobre todo de los gobiernos estatales, y hasta la lucha de grupos políticos que buscan enquistarse al interior de ellas, tienen en crisis financiera y a punto del colapso a casi la tercera parte de las Universidades Públicas Estatales (UPES) del país.
En el país hay 34 universidades estatales públicas que atienden a 1.2 millones de universitarios y forman parte del sistema público de educación superior junto con la UNAM, IPN y la UAM. De ellas, 11 de acuerdo a algunos documentos, se encuentran “en situación financiera crítica”, es decir, es a casi la tercera parte de estas instituciones en el país, que el gobierno federal tiene que salir a rescatar año con año.
Con base en información proporcionada por las universidades en las reuniones de trabajo con los rectores y sus equipos, la proyección del déficit al 31 de diciembre de 2019, considerando los pasivos históricos, asciende a 16 mil 677 mdp, de acuerdo a un diagnóstico que realizaron a mediados de este año la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES).
Este monto es superior al diagnosticado en abril de 2018 (15,509 mdp), lo que indica que la situación deficitaria de las universidades está aumentando y requiere una solución estructural, así como acciones concertadas y coordinadas entre los gobiernos estatales, la SEP y la SHCP con un horizonte de mediano y largo plazo.
De acuerdo a este estudio, son nueve las entidades cuyas universidades estatales están en crisis económica desde hace varios años: Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.
Aunque otro estudio de Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, le añade las universidades de Guerrero y Baja California, con lo cual son 11 las casas de estudio de nivel superior que no cuentan con los recursos para operar y, año con año, el gobierno federal tiene que rescatarlas.
La magnitud del déficit acumulado de las nueve universidades equivale al 71% de su subsidio público ordinario (23,461 mdp), con un rango que va del 29 al 190%. Para la UAZ el déficit acumulado equivale al 130% de su subsidio público (federal y estatal) asignado para 2019, y para otras dos universidades (UNACH y UAN) a casi el doble del subsidio público, lo que muestra la magnitud del problema.
Sin considerar los pasivos históricos acumulados, la suma del déficit de operación proyectado de estas universidades a 2019 se estima en 5,606 mdp.
RECTORES POLÍTICOS. Las Universidades Públicas estatales siempre han sido un jugoso botín, no sólo económico por los millonarios recursos que manejan, sino también político, lo que las convierte no pocas veces en centro de luchas entre grupos de poder, incluso entre partidos políticos que buscan tener control en ellas a través incluso de los rectores.
Muchas universidades estatales se han convertido en centros de poder político; grupos e incluso familias dominan la vida universitaria en algunas de ellas a lo largo de varias generaciones, considera el análisis Planeación, Programación y Rendición de Cuentas de las Universidades Pública en México, de Integralia.
“ Los gobernadores y los partidos buscan tener una buena relación por la influencia que tienen las universidades, no sólo en la vida política sino en la sociedad en general. Los rectores se convierten comúnmente en personas con ambiciones políticas. En los últimos 15 años, la mayoría de los rectores eran académicos antes de ocupar el cargo. Pero una vez que concluyeron su periodo, la mayoría continuó carreras políticas como candidatos o legisladores o burocráticas en el gobierno de su estado”, explica su director, Luis Carlos Ugalde.
El descontrol financiero de las UPES viene de una serie de factores, excesos y hasta omisiones de los gobiernos estatales que se tardan o de plano no trasfieren los recursos etiquetados para las universidades de sus entidades.
El modelo de financiamiento de UPES es, principalmente, a través de recursos públicos. Se conforma de transferencias federales, estatales y de ingresos propios.
El gobierno federal les otorga financiamiento anual a través de un subsidio ordinario y subsidios extraordinarios. A su vez, los gobiernos estatales también contribuyen mediante un subsidio ordinario y algunos de carácter extraordinario; por último, aunque en menor proporción, las universidades aportan recursos propios a su presupuesto anual mediante las cuotas de servicios académicos; ingresos financieros y otros ingresos.
De acuerdo con los convenios de colaboración financiera que firman anualmente la SEP, los gobiernos estatales y las UPES, correspondería otorgar 50% del subsidio al gobierno federal y 50% al gobierno estatal.
No obstante, el porcentaje óptimo establecido en los convenios no se cumple en la práctica, pues en general los recursos provenientes del gobierno federal son los que se hacen efectivos en el subsidio otorgado a las UPES, mientras que los gobiernos estatales los otorgan de manera parcial, lenta o a veces ni siquiera los trasfieren.
“Las universidades reportan que no les fueron entregados la totalidad de los recursos comprometidos o bien que su ministración es extemporánea”, establece el análisis.
En 2017, los recursos federales a las UPES representaron, en promedio, el 58% de los ingresos totales de esas casas de estudio, mientras que los recursos de los gobiernos estatales representaron el 27%; los ingresos propios representaron apenas el 12%, según datos de Integralia.
BOMBA DE TIEMPO. Otros factores que presionan las finanzas de las UPES es el aumento en un 300% de la matrícula escolar pero hay menos dinero para atender sus necesidades.
Mientras que la matrícula y el personal docente y administrativo de las UPES han crecido en promedio 3.5% anual entre 2014 y 2017, el presupuesto ha disminuido 11% anual, en términos reales, durante el mismo periodo.
El número de alumnos inscritos en la modalidad escolarizada pasó de 1 millón 252 mil en el ciclo escolar 1990-1991 a 3 millones 865 mil alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018, lo que significa un aumento de más del 300%.
De la misma manera, el gasto por alumno “medida que describe el esfuerzo financiero que realiza un país para atender los requerimientos de su sistema educativo” también ha disminuido.
De 2014 a 2017, el gasto nacional por alumno en el nivel superior disminuyó, en promedio anual, 2.22% en términos reales, al pasar de 85,470 pesos a 79,900 pesos constantes. En el caso de las UPES, la caída en el gasto por alumno ha sido aún más pronunciada, al pasar de casi 100 mil pesos en 2014, términos reales, a 77,644 en 2017.
En los últimos años, el presupuesto total de las UPES ha presentado una tendencia a la baja. De 2015 a 2017, el presupuesto total disminuyó, en promedio, 11% anual, en términos reales, de acuerdo al análisis de Integralia.
SUELDOS Y PENSIONES. El principal capítulo de gasto para las UPES es el pago de sueldos y salarios que, en 2017, representó el 73.22% del gasto total (2,190.9 millones de pesos).
La problemática del gasto en servicios personales se torna aún más compleja al observar que en algunas universidades, como la de Morelos, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, entre otras, ese rubro representa más del 100% del subsidio público ordinario, destinado para ese fin; es decir, para cubrir los gastos de nómina estas universidades deben recurrir a fondos extraordinarios y a ingresos propios, recursos que en los últimos años han disminuido considerablemente.
Dentro de los servicios personales, un rubro que impacta negativamente en el gasto es el de las prestaciones salariales.
El estudio revela que, a pesar de las dificultades financieras, el personal docente y administrativo de las UPES goza de atractivas prestaciones salariales, que están muy por encima de lo que marca la ley. Por ejemplo, mientras que la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo será equivalente a, por lo menos, 15 días de salario, las UPES otorgan, en promedio, 54.5 días, destacando la Universidad Autónoma de Morelos que otorga hasta 90 días de aguinaldo.
Otro reto que enfrentan las UPES es el pago de pensiones por jubilación. Un estudio realizado por la ANUIES (2016) muestra que en la mayoría de las UPES, la edad para jubilarse era de 52 años, muy alejada de la expectativa de vida de 75 años. Además, el requisito principal para alcanzar la jubilación era cumplir 25 años de servicio, sin importar la edad de los trabajadores.
Con información de Crónica
