Entre el 2014 y 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, atendió a más de 3 mil 700 víctimas. En el 2019 se indicó que son más de 28 mil 300 las que están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, RENAVI; ante el incremento de casos y falta de atención de las autoridades, sería justo que el gobierno del Estado y los ayuntamientos, estén obligados a llevar a cabo medidas de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, cuando sean responsables de violaciones a sus derechos humanos.
Esto es lo que propuso en el pleno del Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo Barrera, quien lamentó que siga reinando la impunidad en México y no se resuelvan los asuntos de quienes han sido víctimas del delito, pues según la asociación civil de carácter nacional, Impunidad Cero, el nivel que alcanzamos en el país es de 98.86 por ciento y existe una tasa de delitos que no se denuncian y no se investigan de un 93.6 por ciento.
“Es el Estado, quien debe de proveer el marco normativo más favorable para garantizar la reparación del daño, así como el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas durante todo el proceso penal. También se les debe atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, es así, que estoy proponiendo que sean las dependencias estatales y los ayuntamientos quienes de sus presupuestos deban subsanar sus necesidades, esto luego de que está comprobado que las autoridades se mantienen omisas y sin resultados hacia muchos de los hechos denunciados”.
El legislador del Partido Acción Nacional, PAN, dejó en claro que los entes públicos del gobierno del Estado de San Luis Potosí y las alcaldías responsables de violaciones a derechos humanos, tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, recurso que será determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, en un plan de reparación integral.
