El continente americano continúa siendo la región del mundo más peligrosa para ejercer el periodismo y para los defensores de los derechos humanos, ya que del total de asesinados a estos dos sectores a manera global, el 68% se cometieron en esta región, elevó el informe anual de Amnistía Internacional para 2019.
Del total de 208 personas que perdieron la vida de manera violenta en América durante 2019 por defender los derechos humanos y laborar en el periodismo, países como Colombia, Honduras, México y Brasil ocupan los primeros lugares de estas listas tan dramáticas, refirió la presidenta de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
“Por ejemplo, en México murieron de manera violenta durante el año (2019) al menos 10 periodistas a consecuencia de su trabajo”, detalló el informe de la organización.
Las marchas y protestas en Latinoamérica marcaron el pasado, la población tomó las calles en diferentes países para manifestarse en contra del machismo, la desigualdad, la corrupción, la violencia, así como la debilidad de las instituciones del Estado. Sin embargo la mayoría de los gobiernos respondieron de manera violenta y represiva contra los manifestantes, lo que derivó en al menos 210 muertes en el contexto de las protestas, refirió el reporte.
“Ante la corrupción, impunidad e inseguridad la gente toma las calles para manifestarse y pedir a los estados la rendición de cuentas pero tristemente el 2019 lo vimos marcado por la respuesta represiva y militarizada de los estados para acallar las voces de la gente que tomó las calles”, refirió Guevara Rosas durante la presentación del informe.
Países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela fueron algunos de los principales donde más protestas ciudadanas se desataron, donde jóvenes, personas de bajos ingresos y mujeres fueron los actores más destacables. A pesar de que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, los Estados demostraron su incapacidad de canalización del descontento y reivindicación de derecho al responder con violencia, explica el texto.
Cabe resaltar, según el documento, que además de las razones políticas y económicas, también hubo movilizaciones para exigir iniciativas en materia de derechos en favor de las mujeres, la crisis climática, y en apoyo a la comunidad LGBTTTIQ.
“A pesar de este contexto tan adverso, lo que vimos en todas estas manifestaciones masivas lideradas por toda esta gente joven, por feministas que no solo están levantando conciencia informando sobre los legados de violencia, impunidad y corrupción. Están demostrando que el cambio es posible que las calles son una opción donde podemos ejercer presión y demandar la rendición de cuenta”, aseguró Guevara Rosas.
Periodistas y activistas en México
Al menos 23 personas que defendían los derechos humanos fueron asesinadas, además que sufrieron acoso, hostigamiento y ataques a su trabajo, de los cuales 14 eran activistas en favor de la tierra y medio ambiente, según Frontiline Difenders.
Como el caso de Samir Flores, quien el 20 de febrero murió por disparos en el estado de Morelos después de haber recibido amenazas de muerte por haber realizado trabajos en defensa de los derechos, quien además era miembro de la base Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Agua.
En el caso de Aarón Méndez y Alfredo Castillo, el pasado 3 de agosto unn grupo de hombres no identificados los secuestraron; el par de activistas eran miembros del albergue para migrantes Casa Amar, hasta el momento sigue sin conocerse su paradero, señaló el reporte Amnistía Internacional.
A inicios de 2020, se registró la muerte y previa desaparición de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, quienes eran defensores de la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán, Morelia.
Durante el año pasado, según el estudio del organismo de derechos humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le brindó protección a 1,087 personas: 721 activistas y 365 periodistas.
“México no había ratificado aún el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que preveía la protección de los defensores y defensoras de los derechos ambientales”, refirió.
Con información de Forbes
