Una lista de 34 nombres, cuya filtración no ha sido reivindicada, convirtió en un escándalo los recursos de publicidad oficial y “otros servicios”, por establecer los montos que presuntamente beneficiaron a periodistas y comunicadores con recursos públicos de manera personal.
El documento, publicado originalmente por la versión digital del diario Reforma, circuló desde la noche del jueves 23 en las redes sociales, con la etiqueta #HampadelPeriodismo expresión utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer en su conferencia de prensa matutina, en la que adelantó que un listado con esas características se había entregado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El propio Inai negó haber difundido el listado como parte de la substanciación de un recurso de revisión interpuesto con motivo de una solicitud de información en la que se pidió, a la Oficina de la Presidencia de la República, la lista de comunicadores favorecidos el sexenio pasado, a quienes se han referido sin precisar nombres ni montos tanto el mandatario como su coordinador de Comunicación Social y Vocero, Jesús Ramírez Cuevas.
Cuestionado al respecto la mañana de este viernes, el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, “en honor a la verdad”, que no fue su oficina la que difundió la lista que, hasta ahora no ha sido reivindicada por ninguna instancia oficial, pero cuyos datos si fueron aceptados por algunos de los aludidos.
Entre los mencionados destaca el columnista, conductor de radio y televisión, Joaquín López Dóriga, quien la noche del jueves negó haber recibido recursos del gobierno. El listado difundido, establece que habría obtenido 251 millones 482 mil pesos a través de cuatro razones sociales, identificadas como Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.
Otro de los incluidos es Federico Arreola, el segundo monto de mayor cuantía en la lista difundida, con 153 millones 578 mil pesos a través de la razón social Periódico Digital Sendero, empresa editora de SDP Noticias. Director de dicho portal, Arreola admitió la cantidad anoche en un editorial en el que advierte que se trata de venta de publicidad y no de injerencia indebida en su línea editorial ni para beneficio personal.
Otro de los mencionados es el historiador Enrique Krauze que, con las razones sociales Editorial Clío y Editorial Vuelta, habría obtenido 144 millones 80 mil pesos. Krauze, a través de la edición digital de Letras Libres, escribió un artículo precisando el objeto de sus contratos con el gobierno peñanietista, entre estos, la publicidad, pero también la producción de documentales que se incluyeron en la sección “otros servicios”.
En Twitter, Krauze presentó el mencionado editorial de Letras Libres con el siguiente mensaje:
La lista selectiva de periodistas y publicidad dada a conocer ayer es muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe. Otro ataque a la libertad de expresión. No me intimidarán.
La discusión se amplió a la diferenciación entre los recursos otorgados de manera directa a un periodista o comunicador, respecto a los ingresos por publicidad oficial, en particular cuando el director del portal informativo Animal Político, Daniel Moreno, emitió una serie de mensajes en Twitter, para exponer también que se trataba de ingresos por conceptos publicitarios.
El activismo en redes sociales de Animal Político, desplegado desde el jueves por la noche, posicionó la etiqueta #YoSoyAnimal con la que usuarios de redes sociales, activistas de diverso signo y otros periodistas, reivindicaron la independencia de dicho portal, recordando las investigaciones sobre Javier Duarte y la llamada Estafa Maestra, entre otros.
Daniel Moreno aparece también en el listado como beneficiario de una razón social denominada Commercial Media Bizcom, junto con los columnistas Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar, Francisco Rodríguez y César Romero.
Dicha razón social, expuso Moreno Chávez, fue una agencia dedicada a colocar publicidad con la que Animal Político trabajó durante algún tiempo.
La Presidencia de la República decidió filtrar hoy una lista de periodistas que, según dicen, recibieron publicidad official.
En esa lista aparecemos en dos renglones. Uno como Animal Político y otro como Daniel Moreno.
Transparencia selectiva
La regulación de la publicidad oficial ha sido una vieja demanda, especialmente manifiesta en 2012, cuando el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, prometió una ley al respecto. Dicha ley se incluiría luego como objetivo del Pacto por México, pero jamás se concretó.
Ya hacia el final del sexenio, una iniciativa pasó los ámbitos legislativos, pero fue controvertida por lo que no se pudo implementar, mientras que la administración peñanietista gastó alrededor de 60 mil millones de pesos en publicidad de manera discrecional.
Desde siempre, el uso del presupuesto para la difusión de obras y servicios del Estado, ha sido empleado como instrumento de control en los medios de comunicación que, en los hechos reclama injerencia en la línea editorial a cambio de presupuestos.
La frase de José López Portillo “no pago para que me peguen”, declarada al ser cuestionado sobre la suspensión de publicidad a Proceso, es la premisa fija en la relación de los medios de comunicación con el poder y en el caso del semanario se ha verbalizado de distinto modo para cerrar los recursos publicitarios o escamotearlos en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, el gasto publicitario se ha publicado en la herramienta ComSoc de la secretaría de la Función Pública, dejando disponible para consulta al público, la información sobre montos erogados por concepto de publicidad. Dicho listado se compone de razones sociales, por lo que, en muchos casos, los accionistas son de difícil rastreo.
En medio de las acusaciones de los aludidos por la lista difundida ayer por lo selectivo de los 34 nombres, la página ComSoc permanece inhabilitada como mucha de la información pública gubernamental. La SFP justifica con una migración de servidores el aletargamiento de todos los sistemas de gobierno abierto.
Hasta 2018, la lista de medios y personas físicas beneficiarios de recursos por concepto de publicidad, ascendía a dos mil 400 nombres, entre los que destacan numerosas razones sociales que remiten a páginas sin tráfico digital, o bien, son agencias publicitarias que fungen como intermediarias de manera que no ha sido fácil determinar los montos erogados y sus destinatarios.
En los últimos años, el semanario Proceso ha realizado distintos análisis del gasto publicitario a partir de los datos disponibles en ComSoc, la base de datos empleada por la Iniciativa Publicidad Oficial de las organizaciones Fundar y Artículo 19. Sin embargo, al cruzar los registros con la base de datos de compras gubernamentales, Compranet, se ha podido establecer que no todos los pagos a medios se registran en ambas plataformas.
El estimado de 60 mil millones de pesos erogado durante la administración de Enrique Peña Nieto representa el mayor registro histórico de asignación a publicidad, pero también fue el más ineficaz pues su popularidad se desplomó de manera irrecuperable desde el segundo año de gobierno, tras la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y la revelación periodística de La Casa Blanca de las Lomas, hechos estos dos que marcaron al sexenio en la opinión pública.
La polémica por esos montos, surgió a partir de que el vocero Jesús Ramírez Cuevas, asegurara en una conferencia en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que la cuarta parte de esos recursos se entregó a un grupo reducido de periodistas, en tanto, en diferentes oportunidades, el presidente López Obrador se había referido al cobro de enormes cantidades por periodistas que, sin embargo, decía, no iba a revelar.
En su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador abundó en el tema, sostuvo que no daría a conocer los nombres, pero que los había entregado al INAI para que resolviera si darlos a conocer o no.
El tema es más político que administrativo pues conforme a la ley no existe ninguna condición para reservar nombres de empresas y montos de contrataciones gubernamentales.
Relación compleja
A través de su trayectoria, López Obrador ha mantenido una relación complicada con los medios de comunicación y, desde la campaña de 2018, suele desmentir, descalificar o imponer calificativos y sobrenombres a medios de comunicación, como parte de lo que él denomina su “derecho de réplica” al mismo tiempo de reivindicar respeto a la libertad de expresión.
En particular, se ha referido con insistencia al diario Reforma que fue el que difundió la lista de ayer.
Hoy, expuso que los contratos de publicidad continuarán, pero se harán de manera transparente y se terminará con el abuso. Como se sabe, el nuevo gobierno redujo a la mitad el gasto publicitario ejercido el año pasado, para situarse en torno a los cinco mil millones de pesos programados para este 2019 como parte de su política de austeridad.
Al referirse a su respeto a la libertad de expresión, y su compromiso con no censurar a medios ni periodistas, López Obrador mencionó los casos de algunos comunicadores que aparecen en el listado difundido el jueves.
Sobre Pablo Hiriart, columnista de El Financiero, dijo:
“Él políticamente -porque no me gusta meterme en cosas familiares- políticamente, fue el de comunicación de Salinas”. Estuvo no sé si en El Nacional o alguno de estos periódicos que ya no existen que eran boletines”.
De Raymundo Rivapalacio, dijo:
“Estuvo con Salinas, Otto Granados, el que acaba de salir de secretario de Educación, fue el de comunicación social con Salinas”.
Añadió:
“Ellos se dedicaron a apuntalar el régimen neoliberal, neoporfirista. Yo me he dedicado a cuestionar al régimen neoliberal, neporfirista, a cambiarlo, a transformarlo”.
Luego, expuso que el debate en torno al tema de la publicidad es sano.
En el listado difundido el jueves, pablo Hiriart aparece como beneficiario de 22 millones de pesos a través de la razón social Comunicación Extensa, en tanto Rivapalacio, con Estrictamente Digital, aparece con 31 millones de pesos.
Rivapalacio expuso que los recursos corresponden a contratos de publicidad que se ajustaron a los criterios establecidos, a la ley y por los cuales se pagaron impuestos, rechazando además que haya tenido influencia en su línea editorial.
Hiriart escribió en Twitter:
El mundo al revés: los que no sabemos de qué han vivido en décadas nos acusan de desarrollar una actividad legal, que paga impuestos y da la cara.
Las respuestas de los 34 mencionados insisten en la legalidad de sus contratos, en tanto, se sabe que a la oficina de la Presidencia de la República se han realizado alrededor de 50 solicitudes de información con el mismo motivo y que, la lista entregada al INAI no es pública hasta ahora, según expuso el vocero Ramírez Cuevas.
En tanto, el INAI precisó que no confirmará la veracidad del listado hasta en tanto no se dictamine el cumplimiento de la instrucción que devino de un recursos de revisión resuelto por el pleno el 8 de mayo, en el que instruyó a la Presidencia que transparentara el padrón de personas físicas y morales inmersas en el negocio de la publicidad oficial.
Con información de Proceso
