Prevaleció la razón política en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que declaró como inconstitucional la Ley Bonilla en la cual se pretendía beneficiar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años y que además pretendía emparejar las elecciones federales con las estatales, buscando orquestar así, un fraude post electoral.
Con esta resolución se ha dicho que cada uno de los diputados del Congreso del Estado de Baja California, podrían ser enjuiciados políticamente por el Congreso de la Unión, tras haber votado por la Ley Bonilla que básicamente promovió un ataque a las instituciones fundamentales de la nación.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, consideró que aunque se intentó burlar la constitución política usando las propias herramientas de la democracia, prevaleció la justicia ante una ley que fue impulsada para beneficiar al partido en el poder, Morena.
“Era claro que buscaban atropellar los derechos electorales, entre ellos a votar y ser votado y los principios a la no reelección, así también me parece grave el hecho de que se haya registrado un intento corruptor en la Constitución Política Mexicana por lo que no está de más pedir cuentas a quienes hayan querido minar y limitar el poder de la democracia de nuestro máximo eje rector jurídico y político”.
A nivel nacional, se desechó la denominada Ley Bonilla bajo las consideraciones de fraude a la constitución y un atentado contra los principios democráticos, así también porque se quiso violar la voluntad popular, hecho que se pudo detectar muy a tiempo.
El legislador panista, reconoció la actitud de trabajo y responsabilidad que prevaleció en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional esta legislación proveniente de Baja California, porque se protegieron las garantías del sistema electoral mexicano, así también se evitó que regresarán las reelecciones disfrazadas en México.
Este asunto se encontraba en disputa desde el 2014 cuando se modificó que en lugar de gobernar de entre 2019 y 2021 se extendiera el plazo para gobernar de 2019 a 2024 y se empataran las elecciones del mandatario estatal con las del presidente de México y fue hasta julio del 2019 cuando el Congreso local, aprobó que se gobernara por un periodo de 5 años, cuando en realidad fue electo para un período de 2 años.
