La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó a través de un comunicado que las medidas de austeridad establecidas por un decreto, que recorta 75 por ciento los recursos de diversos organismos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) paralizará su operación.
El decreto del 23 de abril de 2020 obligará al CEAV a frenar sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
“En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento (debido al recorte)”, menciona en su comunicado la CEAV.
La CEAV explica que al no ser propietaria de los inmuebles desde los que opera y que la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado , desde el origen de la institución, de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing, sus dificultades para enfrentar la austeridad serán mayores.
Este organismo explica que derivado de situaciones ocurridas durante administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
Pese a que la CEAV expresó que está exenta de estas medidas, debido a lo señalado en el numeral 38 del decreto de austeridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
La CEAV expresa que la SHCP no consideró que tiene “la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
En el documento se señala que los gastos de servicios, como agua, luz, teléfono y otros servicios básicos contratados para que el CEAV opere ascienden a 121.9 millones de pesos, en lo que resta del año.
El organismo advierte que las consecuencias de este recorte a su gasto tendrá un impacto negativo en diversos rubros, como ajustes a la nómina, la imposibilidad de cubrir los gastos de renta y servicios, el incumplimiento de contratos; que prevén derivará en demandas, la pérdida del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), la desaparición del apoyo de traslados a víctimas para atender diversas diligencias legales, la reducción de asesoría y la atención integral a víctimas.
La CEAV reitera su compromiso con la ciudadanía de protección a los derechos humanos y asegura que lo honrará “hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”.
