El doctor Guillermo Luévano Bustamante, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, expresó que con el proyecto del posgrado de Derecho “se han realizado diversos trabajos y consultorías para algunas entidades y organismos de las Naciones Unidas, y nos han seleccionado por nuestra experiencia, profesionalidad y por el modelo de trabajo que tenemos”.
Expuso que “hace 15 días fuimos contactados por un equipo de colegas de otras clínicas jurídicas de América Latina, como Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, que estaban presentando un proyecto a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y hemos logrado involucrarnos en este proyecto, que es también una consultoría para este organismo”.
Este proyecto consiste en la elaboración de un diagnóstico nacional, cada representación de cada país hará lo propio, “haremos un diagnóstico de la situación de las personas defensoras del medio ambiente en cada país. Esta consultoría interesa especialmente a la CEPAL, porque México es parte y estos países de América Latina de un acuerdo importantísimo, que es el Acuerdo de Escazú”.
“Este Acuerdo de Escazú se interesa especialmente en los temas de los derechos ambientales y nos han pedido a nosotros, nuestra clínica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la que representa a todo México; y fuimos elegidos por nuestra experiencia y por nuestra especialización en el campo de la defensa de los derechos ambientales”.
El doctor Guillermo Luévano Bustamante indicó que es motivo de orgullo que “nuestra Universidad sea la que represente y sobre todo que hará el estudio por todo México. Este estudio propiamente se realizará de gabinete, es decir, todo se hará desde la oficina porque las condiciones actuales no lo permiten, y se ha planteado la realización de entrevistas en la modalidad a distancia”.
Indicó que se hará una revisión del marco normativo mexicano en materia ambiental, “especialmente cómo se conciben y cómo se protegen las y los defensores de derechos ambientales, porque hay un problema en la región de América Latina, de obstaculización. Un montón de dificultades para que los defensores del medio ambiente hagan su labor”.
Hizo hincapié en que este problema no es privativo de América Latina, no es una situación sólo en México, así que lo que se plantea es la revisión del marco normativo y acceso a la justicia; es decir, por un lado la ley y por otro, cómo se aplica la ley entre los jueces. Estamos en plena selección de casos porque hay muchos en donde se ha perdido la vida o a veces son criminalizados; posteriormente se presentará el análisis, el diagnóstico y las propuestas.
“México es partícipe de este Acuerdo de Escazú y por lo tanto pueda adecuar lo mejor posible su marco normativo. Son pequeños casos porque no todo depende de las leyes, como hemos insistido, pero sí nos puede dar un diagnóstico de esta situación”.
